La Fiscalía General del Estado ha pedido información al Ministerio Público canario sobre su actuación tras las denuncias de abusos a menores inmigrantes acogidos en centros de emergencia que ayer hizo públicas Human Rights Watch. La ONG presentó un documento con testimonios de jóvenes que afirman haber sufrido «palizas» y «malos tratos» por sus cuidadores y violencia de sus compañeros ante la pasividad de los encargados de su custodia.

Los hechos se habrían producido, presuntamente, en los cuatro centros del archipiélago donde van a parar los niños extranjeros no acompañados – más de 900 llegaron en 2006, la mayoría procedentes de Senegal y Marruecos – , pero su carácter sería especialmente grave en dos: Arinaga, en Gran Canaria, y la Esperanza, en Tenerife.

Por eso, la ONG ha pedido al Gobierno que exija responsabilidades a los supuestos autores de las vejaciones, cierre las dotaciones – concebidas como transitorias pero que «han acabado convirtiéndose en permanentes» – y traslade a los menores a «instalaciones alternativas que reúnan condiciones apropiadas» desde donde se les ofrezcan «oportunidades reales de integrarse» y alcanzar «una situación regular».

La portavoz de Human Rights Watch, Simone Troller, no se dio por satisfecha con la investigación de la Fiscalía canaria, que concluyó sin apreciar agresiones, y criticó la «metodología» llevada a cabo para aclarar los supuestos delitos, informa Efe. Las autoridades de las islas, sin embargo, lamentaron la «falta de rigor» del informe, basado en declaraciones anónimas. Un extremo necesario, según la activista, para evitar represalias.

De hecho, la organización reclama la puesta en marcha de un mecanismo confidencial de denuncia, además de inspecciones periódicas de los centros. Troller también subrayó la indefensión de los chavales a la hora de someterse a exámenes médicos, su ignorancia sobre la opción de solicitar asilo y la imposibilidad de acceder a documentos de identificación.