Human Rights Watch (HRW) presentó ayer un polémico informe en el que denuncia abusos sexuales y malos tratos sistemáticos a los menores inmigrantes ingresados en dos centros de acogida de Canarias. Las conclusiones del estudio se basan en declaraciones sin contrastar de menores no identificados, y los abusos tampoco aparecen documentados médicamente. El Gobierno de Canarias ha desmentido todas las acusaciones y lamenta “la falta de rigor” de la ONG.

“Nosotros sólo presentamos los testimonios de los chicos. Es a la Fiscalía a quien le corresponde investigar”, expuso ayer Simone Troller, responsable del informe de HRW que acusa de negligencia a los Gobiernos central y regional por su deficiente protección de los menores que llegan en cayucos a Canarias.

El Gobierno de Canarias sólo coincide con HRW en una cosa: el texto de la ONG transmite las denuncias de los menores, pero no las contrasta. La Consejería de Bienestar Social reaccionó a la presentación del estudio lamentando que la ONG se limite “a informar de la existencia, a partir de testimonios sin confirmar, de graves hechos, sin que se identificara en ningún momento a los presuntos responsables”.

Una delegación de HRW, ONG dedicada a perseguir la violación de los derechos humanos, investigó el pasado enero los centros canarios de acogida de menores inmigrantes. La ONG estimó que las condiciones eran “en general buenas”, pero consideró “alarmante” la situación en los centros de emergencia de Arinaga, en Gran Canaria, con 134 menores; y La Esperanza, en Tenerife, con 200. HRW resalta en el informe, elaborado a partir de las visitas de inspección, que algunos de los menores a los que entrevistó denunciaban malos tratos y abusos sexuales tanto por parte de otros niños como de los educadores.

La Consejería de Bienestar Social de Canarias sostiene que, una vez que la ONG le comunicó en febrero pasado los resultados de sus pesquisas, el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Canarias abrió una investigación, y que la ONG se mostró muy poco colaboradora. La propia Simone Troller confirma que se negó a desvelar la identidad de los abusados y los abusadores por “miedo a las represalias” sobre los niños.

La fiscalía no encontró por sí misma un solo testimonio que ratificara las acusaciones y terminó desestimándolas, como ocurrió también en otra investigación interna del Gobierno canario, informa Juan Manuel Pardellas. La consejería censura la postura oscurantista de la ONG y considera inaceptable que el informe “haya tardado siete meses en publicarse, faltando a la labor moral suprema de proteger a los menores víctimas”.

Juan José Domínguez, presidente de la Asociación Solidaria Mundo Nuevo, responsable de los dos centros investigados, recuerda que más de 150 medios de comunicación internacionales, parlamentarios europeos e incluso ACNUR han visitado este año las instalaciones sin sugerir ni una de las acusaciones planteadas por HRW.