EL PRESIDENTE del Gobierno canario, Paulino Rivero, intenta arreglarle un problema al Ejecutivo estatatal que dicho Ejecutivo no ha querido o no ha sabido solucionar, ni siquiera mitigar: el de la inmigración ilegal desde África que deja en el mar a miles de vidas humanas. Pero la propuesta realizada por Rivero, unos cupos a través de contratos de trabajo que afectarían tanto a africanos como al resto de los extranjeros, no parece la fórmula idónea, porque si el elevado riesgo de morir engullidos por el océano no es capaz de arredrar a miles de magrebíes y subsaharianos a aventurarse en pateras y cayucos, mucho menos lo hará la apertura controlada de las fronteras a cambio de un trabajo legal. La única solución posible, y esa es otra de las propuestas realizadas por el nuevo jefe del Gobierno canario, con la que en este caso sí coincidimos plenamente, es la actuación en los lugares de origen de los inmigrantes, la confabulación de países y organismos internacionales en pos de una mejora integral de las condiciones económicas y sociales de dichos estados que permita a sus habitantes contemplar el futuro con mayor optimismo y no ver como única salida el traslado al paraíso europeo.

Pero a la búsqueda de fórmulas que no dejan de ser más que meros apaños se suma el error de mirar únicamente hacia África cuando se habla de inmigración, habida cuenta que el protagonismo de dicho continente en tal fenómeno puede considerarse incluso rídículo si se compara, en el caso de Canarias, con el de los inmigrantes llegados desde el continente americano, que entran cómodamente por los aeropuertos y engordan sensiblemente las estadísticas demográficas. Resultaría conveniente que las imágenes de magrebíes y subsaharianos lle- gando en barcazas a las costas de las Islas no ocultase la realidad de la inmigración, que tiene mucho más que ver con la otra orilla del Atlántico.

Y ya desde el punto de vista político, tampoco parece plausible que el principal responsable de una formación nacionalista, por mucho que comparta su acción de gobierno con un partido estatalista como el PP, pierda su tiempo y sus energías aportando soluciones que son de ámbito estatal, máxime cuando ese Estado ha sido incapaz de comprender, pese a las numerosos y contundentes datos al respecto, que Canarias es un territorio limitado, sobrecargado y con una urgente necesidad de que se establezcan topes a su crecimiento. Ofrecerse a acoger al 4% de los extranjeros con permiso de trabajo que lleguen a España supone una contradicción, una incoherencia con el planteamiento de que las Islas han llegado a una situación en la que la única salida posibles es adoptar algún tipo de medida que frene la llegada masiva de nuevos habitantes. El nacionalismo es más que conveniente, mucho más que necesario: es imprescindible. Lo es para que la actual y las próximas generaciones de canarios disfruten de un futuro en paz, armonioso y prospero, pero para ello debe actuar con coherencia y anteponiendo los intereses de quienes residen aquí, sean de la procedencia y raza que sean, sobre quienes aún no han llegado y podrían dar al traste con el bienestar logrado. Canarias es una “nación dormida” que para empezar a despertar y recuperar su justa soberanía tiene obligatoriamente que plantar cara a quienes se empeñan en tratar como igual lo que es diferente, y en materia de inmigración el trato a las Islas también debe ser muy diferente al del resto del Estado español.