BILBAO. DV. Sucedió el pasado lunes en un auditorio de la capital mexicana. Una veintena de exiliados españoles brindó una ovación cerrada a José Luis Rodríguez Zapatero, cuando el presidente del Gobierno anunció que «cientos de miles» de descendientes de emigrantes españoles podrán acceder a la nacionalidad a corto plazo. «Será un homenaje merecido a tantos y tantos que se vieron forzados a salir de nuestro país. Qué menos que permitir que sus nietos obtengan la ciudadanía que ellos amaron y que no pudieron disfrutar», exclamó el jefe del Ejecutivo.

Por el momento, el Ministerio de Justicia, que es el órgano que tramita esta reforma legislativa, desconoce el número aproximado de personas que podrían acogerse a la futura normativa, si ésta llega finalmente a aprobarse. Fuentes del Ministerio de Exteriores estiman que serían alrededor de 300.000 (casi 200.000 en Argentina y 50.000 en México, las dos naciones que concentraron el grueso de la oleada migratoria hispana).

Por su parte, la asociación Hijos y Nietos de Españoles por la Ciudadanía eleva esta cifra a medio millón de beneficiarios. Entre ellos se pueden contar a miles de descendientes de vascos, muchos de los cuales forman parte de una colonia que, en la actualidad, oscila entre las 30.000 y las 50.000 personas.

La promesa de Zapatero viene a satisfacer una demanda histórica de la emigración española y supondrá una puerta de entrada legal a Europa para cientos de miles de latinoamericanos. Según datos oficiales, entre 1860 y 1969, alrededor de 2,5 millones de personas abandonaron la Península para buscar fortuna en América o, simplemente, para huir de la represión franquista. Entre 1950 y 1973, otro millón y medio se lanzó a Europa para esquivar el hambre de la posguerra. Un buen número de expatriados no regresó nunca y formó una familia en su nación adoptiva, perdiendo sus descendientes, en muchos de los casos, la nacionalidad de sus progenitores.

Para reconocer este «sacrificio» y restituir los derechos extinguidos, el Gobierno socialista ha iniciado ya la tramitación de un proyecto de ley (Ley de Adopción Internacional) que modificará el actual Código Civil. Una vez aprobada por el Congreso, la reforma, que entrará en vigor en 2008, permitirá naturalizarse a todos los hijos de españoles, sin tener en cuenta la edad del solicitante y el lugar de nacimiento del progenitor. Hasta ahora, sólo tenían acceso a la ciudadanía los hijos de emigrantes, menores de 18 años y cuyo padre o madre hubiera nacido en España.

El supuesto de los nietos es más problemático, ya que la modificación legal prevé algunas restricciones. Por ejemplo, se quedarán fuera los descendientes cuyos antepasados españoles renunciaron a su pasaporte o aquellos cuyos padres no fueron inscritos en los consulados y han muerto o no quieren nacionalizarse.

Miles de excluidos

El anuncio del presidente Zapatero en México ha sido recibido con gran expectación y «alegría» por parte de los círculos de emigrantes. Es el caso de la asociación Hijos y Nietos de Españoles por la Ciudadanía, que agrupa a 2.500 activistas en Latinoamérica. Su coordinador general, el argentino Daniel Barreiro, no oculta su «satisfacción». «Es un gran avance, un paso de gigante, aunque la reforma prevista no colma por completo nuestras aspiraciones al plantearse algunas exclusiones. No obstante, seguiremos trabajando duro para tratar de mejorar el texto legal hasta su aprobación definitiva», aseguró a este diario, desde Buenos Aires.

Sin embargo, contra la modificación legal prevista también se han alzado algunas voces críticas. El abogado Daniel Tomé, presidente de la asociación Fillos de Galicia, que aúna a miles de gallegos en la diáspora, opina que, con la medida, se ignoran los derechos de «200.000 descendientes de gallegos», en su mayoría nietos de españoles cuyos padres nunca fueron inscritos en los centros consulares. Algo que, considera, es «tremendamente injusto».

«La emigración – dice Tomé – no esta pidiendo nada, es la sociedad española la que debe de reconocer ese esfuerzo; es una deuda de gratitud del Estado, algo que debe de ser pagado, no por obligación, sino por reconocimiento, en la persona de sus descendientes, porque el presente de España se edificó sobre los cimientos del pasado y de ese pasado forma parte la emigración, que contribuyó con sus divisas a levantar el país. Negar esto es tener una inmensa ceguera», concluye.

Los planes del Gobierno pasan por aprobar la reforma del Código Civil para finales de este año. A priori, no parece que el PSOE vaya a toparse con oposición en el Parlamento. Y, si sale adelante la propuesta, la modificación legal entraría en vigor a finales de 2008. Entonces, todos los interesados que cumplan los requisitos deberán solicitar su naturalización en un plazo máximo de dos años.