POR DOMINGO PÉREZ

MADRID. Genaro tiene 75 años. Una mala caída le produjo una rotura de cadera. Fue operado con éxito y los médicos consideran que ya es hora de darle el alta. Pero no quiere. Él vive solo. No tiene a nadie que le cuide y «dónde voy a estar mejor que en el hospital».

María no se fía. Ha debido superar los ochenta, aunque es coqueta y no confiesa su edad a nadie. Los doctores han decidido que reciba su tratamiento en otro centro, pero ni ella ni su familia quieren irse. Piensan que en un hospital más pequeño no van a tratarla con la misma calidad y atención.

Se llama Ion. Es rumano. Trabaja en la construcción. Inmigrante, «con papeles», aclara. Comparte un piso pequeño de apenas 50 metros cuadrados con otros cinco compatriotas. Fue hospitalizado con un traumatismo craneal y heridas de diversa consideración por todo el cuerpo y algunos huesos rotos. Él dice que se cayó. Tal vez le dieran una paliza. Lo cierto es que ya se encuentra bastante bien y debería haber abandonado, según la opinión facultativa, el centro hace ya unos días. Pero el panorama que le aguarda fuera no es demasiado atractivo. Él se queda, hasta que se encuentre mejor.

«Desalojos» casi imposibles

No son casos aislados. Forman parte de una retahíla de ejemplos cazados al vuelo en una mañana de visitas a algunos centros hospitalarios. Componen el día a día de los hospitales españoles que, cada jornada, se encuentran con alguno de estos «okupas» inesperados e indeseados. Gente que prolonga su estancia en camas que necesitan enfermos o heridos que, mientras, esperan en urgencias, en los pasillos o en los vestíbulos.

Un fenómeno que crece amparado en la falta de coordinación entre las administraciones. Alimentado por la escasez de centros asistenciales a los que desviar a estos pacientes problemáticos. Y protegido por un vacío legal que complica que, a la hora de la verdad, se les pueda «desalojar».

El alta forzosa se encuentra regulada desde 2002 en la Ley de Autonomía del Paciente, «pero en la práctica surgen multitud de dudas sobre cómo actuar cuando el paciente ha agotado el tratamiento prescrito, pero en cambio desea permanecer en el hospital», apunta Mercedes Santamaría, jefa del servicio de Trabajo Social del Hospital Universitario de la Princesa de Madrid.

Lo cierto es que existe una laguna normativa. La Ley sólo recoge un supuesto por el que se puede decretar el alta forzosa y es cuando el enfermo no acepta el tratamiento prescrito. En esta circunstancia, se acude al juzgado que es el que decide. En todos los ejemplos enunciados, que, además, son bastante comunes, ninguno de los pacientes se opuso al tratamiento por lo que en realidad no existen muchas posibilidades legales de obligarle a abandonar el hospital. Santamaría explica el procedimiento que se sigue habitualmente: «Primero el médico da el alta con informe al paciente. Si este no quiere irse, se comunica a la dirección y ésta actúa. Una persona habla con el paciente o sus familiares e intenta explicarles que no pueden seguir en el centro, que están ocupando una plaza que no les corresponde, que hay gente en urgencias sin cama… Si no les convencemos por las buenas intentamos presionar. Les hablamos del alta forzosa, de que la administración puede recurrir al juzgado, de que podemos llamar a la Policía para que les echen… Lo que pasa es que en estas cuestiones acudir a la Policía resulta muy delicado y el juzgado, en realidad tiene muy poco que decir».

«En cualquier caso – añade Santamaría – hay que pensar que los caraduras son una minoría. En la inmensa mayoría de las situaciones lo que subsiste es un grave problema social causado por una absoluta falta de cooperación y coordinación entre la administración central y las autonómicas».

Cuando un paciente se convierte en «okupa», casi nunca de forma voluntaria, nunca se sabe el tiempo que se puede tardar en sacarle del hospital. «Pueden ser unos días, meses, o hasta años – explica Santamaría – . Pensemos en un enfermo crónico en el que se ha acabado la fase aguda y lo que marca el protocolo es desviarle a un centro de media o larga estancia. Pues bien, en la mayoría de las ocasiones el problema es que no hay camas en esos otros hospitales y, aunque tenga el alta forzosa, no puedes expulsarle por las buenas. No puedes dejarle en la calle o llevarle a su casa, cuando necesita unas atenciones concretas y no tiene a nadie que le cuide. Así, es muy posible que durante años se quede en el hospital de agudos ocupando una cama que no le corresponde».

De hecho, es rarísimo que se expulse a alguien por las bravas – «A los dos minutos tendríamos a todos los medios encima», apunta Santamaría – . Tiene que producirse una situación de máxima desvergüenza. Mercedes en su dilatada carrera profesional ha visto de todo y recuerda alguna circunstancia que «fue hasta divertida. Era un indigente. Tenía un pie mal, con una infección, y se rompió el otro. Le curamos y le dimos el alta, pero él, con todo el morro, nos dijo: «Yo no me voy. Aquí duermo caliente, en un colchón, con ropa limpia y encima puedo elegir el menú»… No había manera de echarle. Ahora te ríes, pero cuando te pasa te dan ganas de sacarle arrastras a la calle».