“Pensé que volvería a casa, pero me quedé esperándolo”

La Prensa Gráfica, Milena Varón, 20-07-2007

Un informe de Human Rights Watch cuestionó la política migratoria de EUA especialmente porque deporta del país a toda persona que cometa un delito, incluso por faltas leves, lo que genera un problema para millones de personas por la desintegración familiar.

Stephanie Colindres cumplió tres años recientemente; sin embargo, su padre no pudo estar a su lado para la celebración y tuvo que consolarse con escuchar las felicitaciones por teléfono. El salvadoreño César Colindres fue deportado en mayo de 2006 y se vio obligado a dejar a su hija y su compañera de vida en Los Ángeles.

La odisea de está familia cuscatleca comenzó en julio de 2005, cuando en hechos confusos el santaneco César Colindres recibió 11 balazos por parte de un guardia de seguridad y fue acusado de invasión de propiedad privada y arrojarle una piedra al vigilante.

Aún no se había recuperado de las intervenciones que le salvaron la vida cuando Colindres fue trasladado a la cárcel del condado de Los Ángeles, donde estuvo recluido hasta mayo de 2006.

El juez le dio tres años de probatoria (libertad condicionada), yo pensé que esta pesadilla se había acabado y César volvería a casa; me quedé esperándolo porque al salir de la corte lo arrestó inmigración, explica Nohora Monroy, compañera de vida del compatriota.

El estatus de indocumentado de Colindres fue reportado a Migración, y deportado a los pocos días: Ya en ese entonces no había nada de dinero para contratar un abogado que nos ayudara.

Aunque ha logrado recuperar casi todas sus facultades motoras, el estado emocional de Colindres se ha visto muy afectado por estar separado de su familia, la pequeña Stephanie es su única hija, y lo poco que gana acá no le permite ayudar para su sostenimiento en Los Ángeles o tomar la decisión de reunificar la familia en El Salvador.

Su caso no es único. En mayo, Ángel Marino Medina fue deportado a El Salvador, donde dejó atrás a su hijo de 13 años y su esposa. Aunque el compatriota estaba supuestamente amparado por el TPS, los oficiales de inmigración llegaron en noviembre del año pasado a su lugar de trabajo y lo arrestaron; después de invertir $7,000 en el abogado finalmente tuvo que marcharse y separarse de su familia

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