El pasado 8 de julio, el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, decía, en una entrevista publicada en el diario El País, que gracias a su gestión el número de personas extranjeras en situación administrativa irregular se “han reducido a un máximo de 200.000”.

No sé de dónde ha sacado el ministro esa cifra, pero con toda claridad hay que decir que es absolutamente falsa. Desgraciadamente, el número de personas en situación irregular es sensiblemente mayor, mucho mayor. Según el Avance del Padrón Municipal publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) el 11 de junio de 2007, el número de personas extranjeras empadronadas en España a fecha 1-1-2007 ascendía a 4.482.568. Y según los datos del propio Ministerio de Trabajo, publicados por la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, a fecha 31-3-07, había 3.236.743 personas con permiso de residencia. Por tanto, la diferencia entre personas empadronadas y personas con permiso de residencia ascendía a más de 1.200.000 personas.

Ciertamente, la simple resta no nos da la cifra exacta de personas en situación irregular, dado que las personas comunitarias no necesitan disponer de una autorización de residencia para vivir legalmente, aunque, a partir de la entrada en vigor del R.D. 240/07, se les expide un certificado en el que se les asigna un número de identificación y se registran sus datos. Pero aún así, las cifras no cuadran.

Si analizamos por grupos de procedencia, tenemos los siguientes datos. De la Europa de 27 estados hay 1.702.613 personas empadronadas, de las cuales 1.019.346 tienen autorización de residencia y, por tanto, hay 683.267 que no lo tienen, aunque como hemos dicho más arriba, legalmente pueden pasar sin él. Del resto de Europa tenemos 185.307 personas empadronadas, de las cuales 104.080 tienen autorización de residencia y, por tanto, hay 81.227 personas que no lo tienen.

De África tenemos 797.592 personas empadronadas, de las que 750.717 tienen autorización de residencia y, por tanto, 46.875 no lo tienen. De Centro y Sudamérica tenemos 1.532.403 personas empadronadas, de las que 1.131.606 tienen autorización de residencia y, por tanto, 400.797 no lo tienen. De América del Norte hay 45.075 personas empadronadas, de las que 18.526 tienen autorización de residencia y, por tanto, 26.549 no lo tienen. De Asia hay 216.769 personas empadronadas, de las que 209.472 tienen autorización de residencia y, así, 7.297 no lo tienen.

Si sumamos las personas que estando empadronadas no tienen autorización de residencia, y aunque dejemos de lado a todas las comunitarias, nos da que hay 562.745 personas empadronadas que no disponen de autorización de residencia, casi tres veces más de lo que dice el ministro de Trabajo. Lo que decía Jesús Caldera no es verdad. La irregularidad es mucho mayor y mucho más persistente de lo que el ministro quiere hacer ver.

Y de la misma manera que no son ciertas las cifras que dice, tampoco es cierto que la contratación en origen (ni el régimen general en su conjunto) y los sistemas de arraigo, el laboral y el social, funcionen de maravilla y absorban la bolsa de irregularidad de forma, podríamos decir natural. Después del proceso de regularización especial de 2005, que aún siendo el mayor desde que entró en vigor la Ley de Extranjería en el año 1985, quedaron cientos de miles de personas en situación irregular. Aquella regularización no resolvió, ni mucho menos, los problemas de la irregularidad.

De entonces aquí, el salto especial se ha dado con la entrada de Rumania y Bulgaria en la Unión Europea, que ha permitido regularizar, por la vía de convertirlos en comunitarios, a varios cientos de miles de personas, a pesar de que la moratoria de dos años para acceder en igualdad de condiciones que el resto de comunitarios a los trabajos por cuenta ajena les esté causando muchos problemas.

A 1 de enero de 2007 había, según los datos del INE, 524.995 personas de nacionalidad rumana empadronadas (407.159 a 1 de enero de 2006 y 317.366 a 1 de enero de 2005). A 31 de marzo de 2007, según los datos del Ministerio de Trabajo había 264.928 personas de nacionalidad rumana con permiso de residencia (232.524 a 31-12-2006 y 192.134 a 31-12-2005). Aunque es previsible que en el segundo semestre de 2007 y el primer trimestre de 2008, parte de las personas que quedaron fuera de la regularización especial de 2005 puedan regularizar su situación por la vía del arraigo social, seguiremos muy lejos de las cifras que dice el ministro de Trabajo.

Por otro lado, hay que señalar que el balance de 2006 del sistema de arraigo laboral nos ha mostrado con toda claridad su fracaso, tal y como desde el principio había previsto, y lo había dicho, el movimiento asociativo. En el año 2006 se aprobaron 6.619 expedientes de arraigo social y 223 de arraigo laboral. Estupendo por los 223 afectados, pero socialmente considerado, como sistema de regularización, no funciona. Y no funcionará mientras persistan las actuales condiciones para su acceso. Después del proceso de regularización de 2005, da la impresión de que se nos quiere hacer creer que lo de la irregularidad, su persistencia, su carácter crónico, su carácter estructural ha dejado de ser un problema. Y eso no es cierto. La irregularidad está ahí, y las personas que la sufren también.

Y el sistema actualmente vigente, por mucho que diga el ministro de Trabajo, no la absorbe en unos plazos cortos y con trámites administrativos sencillos. Una y otra vez se nos dice que no habrá nuevos procesos de regularización especial, y que, además, están las presiones provenientes de otros países de la Unión Europea.

A pesar de todo ello, las altas cifras de irregularidad están ahí, lo que nos sigue mostrando que las migraciones necesitan circular por vías más anchas que las actualmente existentes, y con procedimientos más ágiles y sencillos para pasar de la irregularidad administrativa a la obtención de los permisos de trabajo y residencia, basados más en cómo funcionan realmente los movimientos migratorios y menos en las ficciones jurídicas.

• Miembro de SOS Racismo