Unas 120.000 personas intentan cada año cruzar el Mediterráneo desde Africa, y en ese trayecto, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados calcula que han fallecido en torno a 10.000 personas en la última década. Una cifra que no tiene visos de reducirse, muy al contrario. Y es que, a pesar de las barreras que el denominado primer mundo impone a la inmigración, escapar de la miseria y de la falta de expectativas es un impulso humano imposible de frenar, máxime cuando se ofrece a cambio del riesgo un escaparate que muestra un mundo lleno de comodidad, riqueza y seguridad.

Los efectos de las políticas de inmigración de carácter restrictivo están siendo demoledores. No se reducen los viajes, sino que cada vez se hacen en situaciones de mayor riesgo: rutas más largas y embarcaciones más pequeñas. Todo ello para poder esquivar los férreos controles impuestos por los estados europeos, pero a costa de perder en seguridad. Quienes abren sus fronteras para con su capital poder hacer inversiones más ventajosas en los países del Sur, y luego cierran esas mismas fronteras a quienes huyen de la miseria que ello genera, deben asumir la responsabilidad que tienen en las muertes que se han producido, y en que no se produzcan más.