El naufragio de un cayuco con unas 100 personas a bordo, de las que sólo se han salvado 48, ha sido la segunda mayor tragedia en aguas españolas de la última década. El vuelco se produjo en la madrugada del miércoles al jueves, a 98 millas de la costa de Tenerife. A la frialdad de los datos se impone el sobrecogimiento que produce la pérdida de tantas vidas. Ayer, un esforzado despliegue de Salvamento Marítimo y la Guardia Civil trató de localizar durante todo el día a los desaparecidos, aunque las esperanzas de encontrar a alguien con vida eran casi nulas. Por desdicha, nuestras aguas territoriales han sido escenario de infinidad de desgracias sufridas entre las miles de personas que cada año tratan de arribar a nuestras costas. España sigue siendo el destino preferido para la inmigración de origen subsahariano, por obvias razones geográficas, pero también por otras que tienen que ver con el denominado efecto llamada. Es cierto que la política del Gobierno en esta materia, los acuerdos alcanzados con varios países de Africa y la mayor cooperación de la UE han logrado reducir la llegada de cayucos. Pero también lo es que muchos inician su fatal travesía desde orígenes cada vez más lejanos y en peores condiciones, lo que acrecienta el riesgo de tragedias de esta magnitud. No existen soluciones mágicas, pero es una exigencia moral de sociedades del bienestar como la nuestra azuzar a sus gobernantes para que extremen todos los esfuerzos, mientras estos horrores se sigan produciendo.