aunque el aumento paulatino de la inmigración en Euskadi se ha acelerado, hasta casi duplicar su crecimiento en los dos últimos años, no se aprecian reacciones xenófobas o racistas en la sociedad vasca. Probablemente ha ayudado que la proporción de personas de origen extranjero aún no supera el 5% y también que la población no percibe, en general, competencia por los mismos puestos de trabajo. Estamos, por lo tanto, en una buena situación para integrar social, educativa y laboralmente a esos nuevos ciudadanos.

Pero no deberíamos perder de vista que un proceso de esa complejidad no puede abordarse desde un único principio planteado radicalmente y excluyendo el resto de perspectivas, porque corremos el riesgo de desenfocar completamente el análisis del problema.

Y esto es lo que creo que ocurre con el reciente artículo del señor Unzurrunzaga titulado Problemáticas respuestas administrativas, en el que aprecia como un error de fondo “considerar que hay que repartir a los diferentes”, pero sin apuntar una solución clara para lograr el respeto a la diversidad que propugna y yo comparto.

Sí critica, sin embargo, la propuesta parlamentaria de Isabel Celaá orientada a impedir la guetización de los centros educativos y garantizar la diversidad en cada uno de ellos. Con esa propuesta, la parlamentaria socialista continúa un trabajo político decidido a favor de la integración, iniciado hace ya casi veinte años, cuando siendo viceconsejera de Educación del Gobierno vasco decidió que los chicos y chicas afectados por distintos tipos de discapacidades físicas o psíquicas se escolarizaran en centros educativos ordinarios, con el apoyo adecuado. Buscaba así la integración social, de forma que, unos, se socializan con todos los chicos y chicas de su edad y, los otros, aprenden a convivir con naturalidad y valorar a los diferentes.

Y ahora necesitamos de nuevo actuar a favor de la cohesión social, porque la realidad actual de la inmigración en el sistema educativo vasco es que en 70 centros hay más del 20% de alumnado de origen extranjero, de los cuales el 70% son públicos, y en 44 de ellos se supera el 40% de ese alumnado.

Además, esos centros que acumulan una proporción desmesurada de alumnado inmigrante escolarizan a chicos y chicas de distintos países, a veces con distintos idiomas y, a menudo, con desfases importantes de conocimientos académicos. Esa complejidad de situaciones personales, esa diversidad, debe ser atendida desde una perspectiva integradora. Si alguien tiene duda, que recuerde la explosión de violencia en Francia a finales del 2005, síntoma y consecuencia de una segregación social en crecimiento desde hace unos veinte años. Baste como ejemplo un dato de los sociólogos Felouzis y Perroton: en un distrito educativo de Burdeos (que no es particularmente tierra de inmigrantes), sólo el 10% de los colegios concentra el 40% del alumnado inmigrante. Como se ve, una situación similar a la nuestra.

De ahí la profunda preocupación del PSE-EE por propiciar una sociedad cohesionada en el futuro, en la que la igualdad de oportunidades sea una realidad. Ese objetivo inspiró la jornada que organizamos los socialistas el pasado septiembre, en la que asociaciones representativas de centros públicos y concertados, prácticamente todos los sindicatos sectoriales, varios partidos políticos y asociaciones de padres y madres acordamos una serie de medidas para facilitar la integración y garantizar la calidad del proceso educativo en todos los centros sostenidos con fondos públicos. A todos nos une el convencimiento de que al sistema educativo le corresponde específicamente velar porque estos chicos y chicas superen los desfases curriculares que puedan traer, facilitar su éxito escolar y coeducar a los que han nacido aquí con los que han venido de otros países para sentar las bases de la futura cohesión social. Han de educarse juntos porque habrán de vivir juntos.

Al hilo de aquel acuerdo, Isabel Celaá propuso en el Parlamento que en cada centro educativo no se supere un porcentaje determinado de alumnado que necesite alguna atención especial y, a la vez, la aprobación de varias medidas orientadas a dotar a los centros que actualmente tienen proporciones excesivas de ese alumnado, de profesorado formado e incentivado adecuadamente así como de autonomía suficiente para organizar planes específicos de actuación. También planteaba constituir comisiones de escolarización formadas por representantes de todos los agentes educativos, para que la proporción de alumnado que necesita un apoyo específico no sea excesiva y, por supuesto, en el mismo sentido que apunta el señor Unzurrunzaga, esas comisiones deberían velar por que se cumplan las normas de escolarización para todo el alumnado.

No obstante, es cierto que la concreción de una proporción obligatoria de ese alumnado a escolarizar, por zonas y en cada centro, es un asunto con muchas aristas y muy sensible socialmente. Pero es la única forma de garantizar una verdadera diversidad en los centros educativos, al menos así lo entienden además del PSE-EE, el Consejo Escolar de Euskadi, el Ararteko, la mayoría de los agentes educativos de Euskadi y ahora ya, por fin, también el Consejero de Educación.

No puedo terminar sin pedir al señor Unzurrunzaga que lea íntegramente la proposición no de ley socialista que critica, porque estoy convencido de que encontrará ahí mimbres para que se cumpla su deseo de que la escuela ha de servir “para la educación en el respeto a la diversidad y para el respeto a la diversidad”.

• Es secretario de Educación de la Ejecutiva de Vizcaya del PSE-EE