Save the Children mostró ayer su preocupación por “algunos puntos” del Acuerdo de repatriación de menores extranjeros entre Marruecos y España, y reclamó la necesidad de poner en marcha un protocolo de actuación común en todas las autonomías para asegurar “plenamente” los derechos de estos niños.

La ONG recordó que los menores deben ser tratados como tal y que la tramitación de sus expedientes de repatriación debe cumplir la legislación nacional e internacional.

“Hay que estudiar cada caso individualmente y proceder a la repatriación cuando el interés superior del menor lo aconseje, siendo secundario el control de fronteras o la gestión de los recursos”, advierte la ONG.

Sin embargo, aunque en muchos casos la repatriación es la solución más adecuada y necesaria, “en la mayoría de las ocasiones no se verifica cuál es la situación de cada menor en su país de origen y las repatriaciones no respetan las garantías legales”, según la responsable de Menores no Acompañados de Save the Children, Almudena Escorial.

Además, la ONG denunció que el acuerdo no se pronuncia sobre las garantías mínimas legales durante la ejecución de la repatriación, especialmente el derecho a ser escuchado y a tener un abogado, ambos preceptivos en todo procedimiento administrativo.

El acuerdo bilateral tampoco establece cómo se realizará la entrega de menores marroquíes, un punto que para esta ONG es “especialmente relevante por los riesgos que supone para la vida e integridad física y moral de los menores”.

Save the Children lamentó por último que las distintas delegaciones del Gobierno trabajen de manera distinta y que algunas comunidades dicten resoluciones de repatriación mientras que otras no.