N. VILLANUEVA / P. MUÑOZ

MADRID. Eduard Planells, ex subdelegado del Gobierno en Barcelona que fue detenido por la Guardia Civil por su relación con la «operación Avispa», hacía anotaciones en los expedientes de los individuos a los que quería conceder el permiso de residencia y trabajo, cumpliesen o no los requisitos necesarios para ello. Curiosamente, los beneficiarios eran siempre personas relacionadas directa o indirectamente con Malchas Tetruashvili, el capo georgiano capturado en la primera fase de esta operación, que se remonta a junio de 2005. Este dato se ha obtenido a raíz del análisis de la documentación intervenida por los investigadores, si bien el implicado, que en la noche del martes quedó en libertad con cargos, negó ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu haber cometido cualquier irregularidad en la concesión de esos permisos.

Eduard Planells se reunió en 2001 en dos ocasiones con Malchas Tetruashvili, la primera de ellas por mediación de Antonio Fernández Teixido, diputado de CiU. El capo ruso actuaba como empleador de una especie de ONG a través de la cual traía a España a georgianos supuestamente para trabajar en sus empresas de restauración. Sin embargo, todos los certificados de trabajo de estas personas que pasaban por la Subdelegación eran falsos. De ahí que a los cuatro últimos detenidos en relación con estas irregularidades se les impute el delito de falsificación de documentos, junto con prevaricación y cohecho.

Cumplían órdenes

Los dos funcionarios de la Subdelegación detenidos acusaron a su jefe de ser el que tenía la última palabra en la concesión de los permisos, y ellos se limitaban a cumplir sus órdenes. Sin embargo, en su declaración hubo algunas discrepancias. Así, Gerardo González trató de justificar su actuación alegando que sólo aprobó el 5 por ciento de los expedientes que le llegaban. Sin embargo, hay que precisar que este funcionario estaba adscrito al departamento que tramitaba los recursos a las denegaciones; es decir, todos los expedientes que revisaba habían sido tumbados antes. De estos aceptaba los que le decía Planells.

Fuentes jurídicas señalaron que pese a tratarse de delitos que generan una gran alarma social, más si los comete un funcionario público, las penas de prisión que acarrean son pequeñas. De ahí que no se justifique suficientemente una prisión preventiva. Tampoco en este caso existe riesgo de destrucción de pruebas, primero porque la detención y declaración se han sucedido con un escaso intervalo de tiempo, y segundo porque hace un mes que Planells ya no trabaja en la Subdelegación del Gobierno por lo que ya no tiene acceso a la documentación.

Precisamente fue este cambio de trabajo – fue fichado por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, que el martes anunció su despido por «pérdida de confianza» – el que precipitó la intervención judicial, pues según las fuentes consultadas la instrucción sobre las presuntas irregularidades cometidas en la concesión de permisos de trabajo «habían llegado a un punto muerto», ya que Planells no las podía seguir cometiendo.

Pago en especie

Una de las incógnitas es conocer qué beneficios habrían obtenido los implicados por cometer esas irregularidades. Al margen de la investigación patrimonial en marcha, se sospecha que en algunos de los casos pudo haber determinados «pagos en especie». Una de las actividades más importantes de la mafia rusa es la de la prostitución y trata de blancas.

En cuanto a Víctor Ambiela, que se movía en el entorno del Consulado ruso en Barcelona, distintas fuentes aseguran que desde hace tiempo se hace pasar por agente del CNI, lo que le habría servido para ganarse algunas confianzas que le permitían agilizar gestiones encargadas por el citado consulado. No ha sido posible determinar si este individuo pertenece a los servicios secretos.