La Fiscalía busca los despachos de abogados con los que trataba el subdelegado detenido Ya dicen que la mejor defensa es un buen ataque.

Eso es lo que hizo ayer el delegado del Gobierno en Cataluña, Joan Rangel, al afirmar que CiU y PP pueden acabar «comiéndose sus propios detritus» por haberle pedido su dimisión tras la detención del ex subdelegado Eduard Planells por dar papeles a miembros de la mafia rusa.

Mientras se analiza la documentación confiscada en las últimas horas por la Guardia Civil procedente de los registros prácticados en Barcelona el pasado lunes y de los archivos de los permisos de trabajo y residencia de la Subdelegación del Gobierno, Rangel acudió ayer a la Junta de Seguridad de Tarragona. En lugar de admitir cierta responsabilidad tras el arresto de su hombre de confianza – al que nombró en 2004 – se dedicó a repartir dardos envenenados y a desvelar que la investigación se centra en la época en la que Planells era el máximo responsable de extranjería, es decir, durante el Gobierno del PP.Atrás quedaron con estas declaraciones, sus manifestaciones del pasado lunes en rueda de prensa en las que manifestó que tenía conocimiento de que se estaba llevando una investigación «genérica» a la Subdelegación. Ayer se olvidó de que las pesquisas se encuentran bajo secreto.

Para Rangel resulta «curioso» que «las personas o fuerzas políticas» que «se han lanzado de una manera absolutamente irresponsable sobre una presa que aparentemente habían podido cazar» sean «quienes puedan acabar comiéndose sus propios detritus». Y fue más allá al señalar al diputado de CiU Antoni Fernández Teixidó porque actuó como asesor de Malchas Tetruashvili, uno de los detenidos en la operación Avispa. En lo que pareció un nuevo intento por salvar su cabeza, Joan Rangel afirmó que no le consta que se investigue a Planells por su actuación como subdelegado sino cuando era jefe de extranjería, es decir, en la época del PP.«La pregunta que se puede hacer cualquier ciudadano es: ¿qué pasaba en las oficinas de extranjería?» durante la etapa de los populares.

A pesar de que el lunes afirmó que la relación de Planells con Tetruashvili no era más que un detalle de la investigación, ayer se desdijo al hacer hincapié en los vínculos que tenía este empresario y que fueron adelantados por este diario el pasado mes de septiembre.

Por último, el delegado del Gobierno aseguró que al margen de las «responsabilidades penales que se pueden derivar de procesos abiertos», deben depurarse «las responsabilidades políticas lógicas, inherentes en estos casos», por lo que, al margen de la investigación judicial, se ha abierto otra de carácter administrativo, como ya avanzó el pasado lunes.

Respecto a las investigaciones, fuentes judiciales aseguraron a EL MUNDO que la Fiscalía Anticorrupción está interrogando a funcionarios y ex funcionarios de la Subdelegación en Barcelona acerca de los despachos de abogados con los que mantenía relación Eduard Planells y a través de los cuales podía haber dado trato de favor a miembros de la mafia ruso – georgiana. A pesar de que el fiscal ha ordenado a estos trabajadores que han acudido a Madrid a declarar en calidad de testigos que no revelen el contendio de estos interrogatorios, fuentes judiciales señalaron que se están centrando en estas relaciones que mantenía el subdelegado y los dos funcionarios de su confianza que también fueron arrestados y puestos en libertad.

Las citadas fuentes apuntaron a que la decisión del juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu de dejar en libertad a Planells podría haber sido pactada después de que éste se hubiera comprometido a colaborar con la Justicia.

En este sentido, fuentes policiales apuntaron el martes que el ex subdelegado confesó algunas de las irregularidades cuando fue interrogado por miembros de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y antes de que fuera puesto a disposición de la Audiencia Nacional.

Respecto a los otros arrestados en lunes, el juez también dejó enb libertad a los dos funcionarios Carmen Carballada y Gerardo González – de la máxima confianza de Planells – , aunque siguen imputados por prevaricación, cohecho y falsedad documental, al igual que Planells. Por su parte, Víctor Ambiela, que se hacía pasar por trabajador del consulado ruso, también fue puesto en libertad con cargos.

El quinto arrestado, Amin Akhazzan, ciudadano español de origen marroquí, pasó a disposición de un juez de Barcelona, ya que los hechos de los que está acusado están vinculados a la operación Avispa, pero no de forma directa.