Hasta uno de los patios del centro de detención de Lancaster, donde se encuentra el compatriota Luis Alberto Romero, llegó un oficial de inmigración con documentos en mano para exigirle que firmara la salida del país, denunció el compatriota.

Eso ocurrió el pasado jueves, pero la zozobra del cuscatleco y de su familia inició el 19 de enero, cuando fue arrestado por tener un orden de deportación final, después de faltar a una cita en la corte de inmigración. Desde esa fecha su madre, Ana Gloria de Rojas, y su esposa, Evangelina Escamilla, iniciaron la lucha por evitar su deportación; sin embargo, la primera petición sometida por una abogada fue denegada.

Pese a que la familia es de escasos recursos y Romero era el principal sostén económico, el compatriota tomó la decisión de apelar su caso y contratar un nuevo abogado. El oficial me dijo que firmara, que tenía que irme para mi país, yo le contesté que no, que yo tenía un abogado, relató Romero vía telefónica.

Alejandro García, abogado del compatriota, explicó que si este último hubiera firmado la autorización para salir del país, él estaría renunciando al proceso que se sigue en la corte: Esto es parte de la rutina de los oficiales, especialmente porque mi cliente ya casi cumple seis meses en la cárcel.

Virginia Kase, vocero de la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), confirmó que Romero tiene un proceso pendiente en la Corte de Apelaciones y que los agentes del ICE están cumpliendo con su trabajo.