Ana Isabel Pérez Cepeda, profesora titular de Derecho Penal de la Universidad de La Rioja, expuso en su charla “Inmigración clandestina y mafias: reacción penal”, del curso “Política Criminal e Inmigración” de la Universidad de Verano de Adeje (UVA), que “han sido las prohibiciones europeas y estatales en materia de inmigración las que han convertido el tráfico de personas en un negocio lucrativo, atrayendo a las organizaciones criminales”.

Según esta experta, la tendencia político-criminal actual es que ante la criminalidad organizada tradicional, “aquella dedicada a los tráficos ilícitos y nuevos mercados”, que se manifiesta a través de su nueva dimensión transnacional, se propugna superar las limitaciones impuestas por el principio de territorialidad penal y “se considera absolutamente esencial la creación de nuevos mecanismos de imputación que respondan mejor a esta realidad”.

De igual forma detalló que desde un punto de vista descriptivo, las organizaciones criminales pueden establecerse en diferentes tipos, teniendo en cuenta sus relaciones de interdependencia y complementariedad. A esto hay que sumar el hecho de que se han “esparcido por el mundo minorías étnicas que viven marginadas”, representando “un terreno fértil para multiplicar la actividad de la criminalidad transnacional”.

El delito

Aseveró que “el delito de tráfico de inmigrantes ha sido objeto de acuerdos y convenios internacionales… La lucha contra las organizaciones internacionales que se lucran con el comercio de personas exige un esfuerzo de cooperación judicial y policial, que permita afrontar con éxito las dificultades que presenta su propia naturaleza transnacional”.

Para la letrada, la falta de una planificación global, integral y unida ha traído hasta el momento un “incremento del tráfico ilícito de personas”, así como también la violación de los fundamentales derechos humanos.

Afirmó que para que se intente atajar las causas y desarrollarse las acciones internacionales especiales y necesarias con el fin de investigar y reprimir la criminalidad mafiosa, “es preciso llevar a cabo políticas de intervención preventivas y represivas”, además de la coordinación con los gobiernos.