DENTRO de la ofensiva de la Policía Nacional y de la Guardia Civil contra las actividades de la mafia rusa en España, que en junio del 2005 llevó a la detención de los principales padrinos de esta organización criminal, en el marco de la llamada operación Avispa, se han descubierto ahora ramificaciones en la Delegación del Gobierno en Catalunya que han culminado con la detención de cinco personas, entre ellas, su hasta hace poco subdelegado, Eduard Planells, y otros dos funcionarios del mismo organismo. A ellos tres, en colaboración con un gestor y con un empleado del consulado de Rusia en Barcelona, se les imputa la concesión de permisos de trabajo y de residencia ilegales a miembros de la citada mafia rusa que querían establecerse en España.

La corrupción es una de las lacras más graves que puede afectar a toda administración pública, pero sus riesgos se multiplican exponencialmente si está vinculada al crimen organizado. En el caso que nos ocupa, se investiga la relación de los detenidos con la organización criminal ruso-georgiana que dirige Zajar Kalashov, que se encuentra en prisión provisional desde mayo del 2006. Las actividades de esta organización en España, hasta la fecha, se han centrado en el blanqueo del dinero obtenido por actividades ilegales en su país.

Bajo el más escrupuloso respeto a la presunción de inocencia, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, que dirige la investigación, deberá determinar la veracidad y el alcance de los indicios y de las pruebas que han provocado las detenciones citadas, así como si ha existido o existe cualquier otro tipo de ramificaciones. La especial relevancia del cargo de uno de los detenidos en la Delegación del Gobierno de Catalunya así lo exige.

No debe haber tregua en la lucha contra la corrupción y contra la actividad de las mafias en nuestro país.