La Audiencia Nacional ordenó detener a quien fue, hasta hace un mes, subdelegado del Gobierno en Barcelona, Eduardo Planells, junto a dos de sus ex colaboradores directos, un empleado del consulado de Rusia y un trabajador de una gestoría , ante la sospecha de que se dejaron corromper por importantes capos de la mafia rusa.
El juez Fernando Andreu interrogará hoy a los cuatro funcionarios, detenidos en el Juzgado Central 4 de la Audiencia Nacional, y decidirá si ordena o no su ingreso en prisión preventiva tras escuchar los testimonios.

La redada, fruto de más de seis meses de investigaciones de la Policía, la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción, se desató ayer ante las evidencias que indican que Planells, los funcionarios de la subdelegación Gerardo González y Carmen Carballada, y el trabajador del consulado Víctor Ambiela facilitaron de forma irregular a la red mafiosa documentación oficial para que sus miembros pudiesen trabajar y residir de forma legal en España.

La Fiscalía Anticorrupción considera que el móvil de la presunta corruptela fue el soborno, por lo que a los cuatro arrestados se les imputan los delitos de cohecho, prevaricación y falsedad documental.

La operación contra los funcionarios barceloneses, que continúa abierta, se completó con registros en sus domicilios, en sus puestos de trabajo, en una asesoría de la ciudad condal especializada en temas de inmigración y con la inspección del archivo de extranjería de la subdelegación del Gobierno.

Citas peligrosas

La policía arrestó también en Tarrasa (Barcelona) a un empleado de una gestoría – español, pero de origen marroquí – acusado de confabularse con funcionarios para traficar con permisos oficiales de trabajo y residencia en España.

Los registros, según la Guardia Civil, permitieron la «incautación de abundante material informático y documentación».

La investigación se deriva de la operación Avispa, una macrorredada contra el presunto entramado empresarial montado en España por familias de la mafia georgiana para blanquear los beneficios multimillonarios de sus actividades criminales.

La operación, también dirigida por el juez Andreu, permitió arrestar entre 2005 y 2006 a unas 40 personas, y congelar y embargar centenares de cuentas corrientes, urbanizaciones, restaurantes y coches de lujo.

El presunto jefe de la red, Zkhar Kalashov, un importante capo georgiano, está encarcelado en Soto del Real desde mayo de 2006, y su presunto lugarteniente, Oleg Vorontsov – quien ejerció en el pasado de asesor parlamentario del ex presidente ruso Boris Yeltsin – , corrió la misma suerte en noviembre.

Ambos están acusados de blanqueo de capitales, asociación ilícita, quiebra fraudulenta y falsificación documental.

Entre los detenidos como presuntos jefes de la red de blanqueo está el georgiano Malchas Tetruashvili, quien se reunió, al menos en dos ocasiones, con el propio Eduardo Planells, la primera vez en 2001.

El ex subdelegado del Gobierno reconoció el hecho, aunque negó cualquier vinculación con redes mafiosas, y explicó que Tetruashvili le fue presentado por el diputado de CiU Antoni Fernández Teixidó.

Planells admitió que formalizó un acuerdo con el presunto mafioso, y le firmó una carta de recomendación para la Embajada de España en Moscú.