CARLA FIBLA – Rabat. Corresponsal
Rashid, de 32 años, aún no puede creerse lo que le sucedió hace casi cinco años. Llegó clandestinamente a Vercelli (Italia) y logró sobrevivir con trabajos temporales como fontanero pagados con dinero negro. En el 2002 presentó sus papeles para intentar acogerse al proceso de regularización, pero con la mala suerte de que, al comprobar sus datos, la policía italiana descubrió que el teléfono móvil de contacto que había proporcionado era robado. Rashid no sabía nada, lo había comprado a un amigo, pero no tuvo tiempo de explicarse, porque fue expulsado a Marruecos con la prohibición de pisar suelo italiano en cinco años. “Mi vida es un desastre desde que me expulsaron; mi familia me rechaza, dicen que soy un fracasado. Paso el día deambulando. Necesito volver a Italia”, explica desesperado mientras prepara un nuevo viaje clandestino.

Más tranquilo aunque también decepcionado, Mohamed, de 37 años, ha regresado por voluntad propia desde Andalucía para cuidar a su madre. “Aquí no hay seguridad jurídica y el sistema sanitario es muy malo. Me quedaré unos meses, ayudaré a mi hermano a montar un pequeño negocio y volveré a España”, explica tras reconocer que la falta de libertad de expresión hace difícil su regreso definitivo.

Una investigación del proyecto Mirem de la Universidad Europea de Florencia sobre el retorno de los inmigrantes magrebíes (Túnez, Argelia y Marruecos) desde Europa profundiza sobre las inexistentes políticas de retorno en los países de origen del inmigrante y los ineficaces programas de “retorno asistido” que ejecuta la Unión Europea.

El perfil del inmigrante que decide regresar (tras al menos cinco años de estancia) es un varón, mayor de 40 años, casado y en más del 45% de los casos con trabajo estable. Estas características varían cuando el emigrante es expulsado y es obligado a regresar: menor de 30 años, soltero y en el 66% de los casos se muestra insatisfecho por encontrarse de nuevo en su país. “Menos del 10% de los inmigrantes se ha beneficiado de la ayuda de una institución pública tras su retorno”, explica Jean-Pierre Cassarino, coordinador de la encuesta realizada entre septiembre del 2006 y enero del 2007 a casi mil inmigrantes. El desinterés de los países de origen se debe a que las remesas de los emigrantes se han convertido en una de las principales fuentes de ingresos para el norte de África. “Desde la UE – explica Cassarino en conversación telefónica- se están ejecutando políticas miopes porque sólo interesa garantizar las medidas adecuadas para que el emigrante abandone el territorio europeo”.

La terminología empleada por la UE sobre el retorno tampoco es clara. Desde Bruselas se habla de “retorno asistido”, en el que se engloban tanto la decisión voluntaria del emigrante que quiere regresar a su país como las expulsiones. Para todos ellos prevé una ayuda económica que se limita a un billete de avión y una cantidad de euros con la que, en ninguno de los dos casos, puede rehacer su vida y reintegrarse. De hecho, la poco atractiva política de retorno oficial del Gobierno español sólo convenció en el 2006 a 23 marroquíes, siendo sobre todo los inmigrantes procedentes de Colombia, Argentina, Bolivia y Ecuador los que se acogieron en mayor número al programa. La UE repatría una media de 200.000 inmigrantes al año, de los cuales el 70% son expulsados por no tener papeles. Para el 2008, se espera que los países miembros contarán con 676 millones de euros que se emplearán sobre todo en repeler el flujo migratorio clandestino.

En el regreso también influyen motivos personales, como el deseo de recuperar una calidad de vida. “Estudié Medicina en París, me especialicé en traumatología. Tenía un buen trabajo, pero no logré salir de los barrios de emigrantes. En Europa no son capaces de mirarte como a una persona”, asegura Mehdi en su consulta privada en un barrio acomodado de Rabat.