Unos 7.500 murcianos han solicitado la valoración de su grado de dependencia, desde que se abriera el plazo el pasado 1 de mayo, para poder acceder a las ayudas previstas en la legislación, según ha informado el nuevo consejero de Política Social, Mujer e Inmigración, Joaquín Bascuñana, que se ha fijado como principal prioridad de su departamento la aplicación de la Ley de Dependencia.

Bascuñana quiere poner en marcha lo antes posible los procedimientos para la valoración y baremación de los solicitantes, debido a que existe un plazo fijo para realizarlo y, en caso de incumplirlo, el silencio administrativo es considerado por la ley como una respuesta positiva.

El consejero prevé realizar a lo largo del mes de julio la baremación de unos 2.500 solicitantes, 1.500 más en agosto y el resto antes de finalizar el mes de octubre.

La valoración es el requisito previo que determina el grado de dependencia de los solicitantes y el tipo de programas y ayudas a los que pueden acogerse.

Casi 6 millones de euros

El Consejo de Ministros aprobó en su reunión del pasado 18 de mayo la distribución de los fondos para la financiación de la Ley de Dependencia a lo largo de este año, y asignó para la Región de Murcia 5,8 millones de euros. El total de fondos repartidos entre todas las comunidades autónomas asciende a 220 millones.

El Ministerio de Asuntos Sociales prevé que con el dinero facilitado a la Comunidad Autónoma se podrá ayudar a cada persona dependiente con entre 774 y 1.014 euros mensuales.

Sin embargo, estas cifras podrían quedarse cortas, dado que el cálculo realizado por el Ministerio preveía en la Región la existencia de unos 5.500 grandes dependientes. El Libro Blanco de la Dependencia calcula una cifra mayor, ya que estima que en Murcia conviven en la actualidad unas 6.000 personas con un grado de dependencia severo.

Inmigración

La Comunidad Autónoma tiene previsto incrementar los fondos transferidos por el Ministerio para cubrir las necesidades de las personas dependientes durante el primer año de aplicación de la ley.

El Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) y el Servicio Murciano de la Salud (SMS) acordaron el pasado mes de mayo la disposición de diversas unidades especiales de profesionales médicos que asistirán a las personas mayores en sus domicilios y se encargarán de realizar los informes de las personas dependientes.

Otra de las prioridades del consejero de Política Social es avanzar en la integración de los inmigrantes, para lo que comenzará por «dotar de una estructura a la Dirección General de Inmigración, además de reforzar sus recursos y su personal», indicó Bascuñana.

En relación al resto de materias que componen la Consejería de Política Social y Mujer, Bascuñana quiere mantener reuniones con todas las asociaciones relacionadas y visitar todos los centros, además de reunirse con todos los concejales del mismo área para «realizar un diagnóstico certero de la situación en toda la Región».

El consejero subrayó su propósito de «dotar a esta consejería de entidad propia y darle el protagonismo que se merece en la política regional, porque ya no es la cenicienta de otras competencias con las que hasta ahora compartió consejería, como Sanidad y Trabajo».