Aunque mueren más trabajadores del sector servicios que de la construcción, en las obras se producen las muertes de mayor impacto público, casi un tercio del total. El convencimiento de que la subcontratación infinita explica buena parte de esos siniestros ha llevado al Parlamento a aprobar este año una ley que limita esa práctica. El texto, aprobado en abril con el acuerdo de los sindicatos y de la patronal, restringe a tres los eslabones máximos de subcontratación (en algunos casos está totalmente prohibida) y obliga a las subcontratas a contratar al menos un 30% de plantilla fija en tres años. Pero su aplicación está sufriendo retrasos.

Los datos evidencian la necesidad de poner orden en un sector muy atomizado y escasamente regulado. El 90% de las empresas emplean a menos de 10 trabajadores. Es decir, son subcontratas, una estructura que impide acometer grandes proyectos. "La subcontratación ha hecho estragos. Con la nueva ley desaparecerán más de 10.000 mal llamadas empresas, vaticina Manuel Fernández Lito, responsable construcción de UGT.

Joaquín Nieto, de CC OO, insiste en la necesidad de extremar la prevención en todas las compañías, las serias y las laxas. “Incluso donde funcionan las cosas, en actividades extraordinarias se olvidan de la prevención”, explica.

Los empresarios dicen tener tanto interés como los sindicatos en que desaparezca ese competidor desleal que, con una furgoneta y un móvil, se ocupa de toda una obra en cadena sin el celo necesario sobre la seguridad y el tipo de contrato del obrero. “Ellos son los que dan mala imagen al sector; a las empresas honestas les va a venir bien la ley”, subraya Julián Núñez, vicepresidente de Seopan, patronal de las grandes constructoras.

El problema de la ley es, por ahora, la falta de reglamento. Los sindicatos denuncian que los empresarios se escudan en esa carencia para no aplicar un texto que es ya bastante preciso. Seopan lo niega. “Se está aplicando ya; lo que sí va a llevar tiempo es el registro de certificación de empresas autorizadas para prestar esos servicios”, explica Núñez. El secretario general de Empleo confirma que el reglamento está listo a falta de la revisión del Consejo de Estado.

Por otro lado, según los datos de Seopan, la población inmigrante copó el 67% del total de puestos de trabajo creados por el sector de la construcción desde 2000. La memoria anual dice que la construcción empleaba a 551.300 trabajadores extranjeros, un 25,3% más que en 2005, según Europa Press. Esta cifra representa el 21,7% del total de población que trabaja en el sector (2,54 millones de personas en 2006).