WASHINGTON.— Mientras activistas hispanos se movilizaban para enfrentar una oleada de reglas municipales dirigidas contra inmigrantes, el diputado Tom Tancredo proponía una versión de ley de migración que refrendaría la creación de un estado policiaco dirigido contra la presencia de indocumentados en Estados Unidos.

Un día después de que un municipio suburbano de Washington aprobara un reglamento que obligaría a los policías y trabajadores municipales a determinar la situación migratoria de las personas con que traten, Tancredo presentó una propuesta de ley que da poderes a las policías estatal y municipales “para hacer cumplir las leyes migratorias”.

La idea de Tancredo no es única y, de hecho, es una que está ya en práctica por parte de las autoridades estatales o locales en 18 estados y por lo menos 25 municipios y ciudades; la idea abarca desde medidas para desalentar la contratación de indocumentados hasta reglamentos para negarles el alquiler de viviendas o instrucciones a las policías locales para reportar con las autoridades migratorias a los residentes sin documentos que hallen.

Pero las medidas levantan una multitud de interrogantes legales, constitucionales y hasta de factibilidad, de acuerdo con la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), especialmente porque podrían crear situaciones de discriminación por origen nacional y racial: los indocumentados latinos son más fáciles de identificar que los de origen irlandés, por ejemplo.

“No creo ver a un empleado blanco del municipio preguntar a una persona de ojos azules y piel blanca por una prueba de residencia”, dijo Ricardo Juárez, de la organización Mexicanos sin Fronteras, al encabezar una manifestación contra reglamentos “discriminatorios” en Maryland.

En gran parte, si no en su totalidad, las medidas han sido adoptadas por iniciativa de concejales o grupos de vecinos motivados lo mismo por el brutal debate migratorio que por lo que consideran como pérdida de valor de sus propiedades debido a la llegada de vecinos “indeseables”.

En el condado Prince William, una región suburbana de Washington, la llegada de inmigrantes latinos que en algunos casos crían pollos en sus patios, llevó a grupos de vecinos a tratar de vender sus casas o a promover medidas para hacer cumplir leyes contra la introducción de animales de granja en zonas urbanas.

En algunos casos, la preocupación es simplemente económica: “Nos preocupa que la casa se deprecie aún más”, dijo Virginia Paris, una mujer de Dale City, Maryland.

La oleada de regulaciones locales puede tener muchas otras motivaciones, sobre todo en un debate que incluye argumentos como falta de integración social, uso de idiomas diferentes al inglés o violaciones a leyes sobre reuniones públicas, falta de seguro y daños en propiedad ajena.

La atención ha estado centrada en la legislación nacional, sea la construcción de una barda fronteriza o el rechazo a propuestas de ley que habrían permitido la regularización de residentes ilegales. La tendencia ahora es a medidas municipales. Pero, en un frente muy distinto, los migrantes y sus aliados enfrentan otros desafíos, como la propuesta de Tancredo, que limitaría la ciudadanía a los niños nacidos aquí con al menos un padre ciudadano o residente legal y prohíbe votar en una elección de otro país so pena de perder la ciudadanía.

WASHINGTON.— Mientras activistas hispanos se movilizaban para enfrentar una oleada de reglas municipales dirigidas contra inmigrantes, el diputado Tom Tancredo proponía una versión de ley de migración que refrendaría la creación de un estado policiaco dirigido contra la presencia de indocumentados en Estados Unidos.

Un día después de que un municipio suburbano de Washington aprobara un reglamento que obligaría a los policías y trabajadores municipales a determinar la situación migratoria de las personas con que traten, Tancredo presentó una propuesta de ley que da poderes a las policías estatal y municipales “para hacer cumplir las leyes migratorias”.

La idea de Tancredo no es única y, de hecho, es una que está ya en práctica por parte de las autoridades estatales o locales en 18 estados y por lo menos 25 municipios y ciudades; la idea abarca desde medidas para desalentar la contratación de indocumentados hasta reglamentos para negarles el alquiler de viviendas o instrucciones a las policías locales para reportar con las autoridades migratorias a los residentes sin documentos que hallen.

Pero las medidas levantan una multitud de interrogantes legales, constitucionales y hasta de factibilidad, de acuerdo con la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), especialmente porque podrían crear situaciones de discriminación por origen nacional y racial: los indocumentados latinos son más fáciles de identificar que los de origen irlandés, por ejemplo.

“No creo ver a un empleado blanco del municipio preguntar a una persona de ojos azules y piel blanca por una prueba de residencia”, dijo Ricardo Juárez, de la organización Mexicanos sin Fronteras, al encabezar una manifestación contra reglamentos “discriminatorios” en Maryland.

En gran parte, si no en su totalidad, las medidas han sido adoptadas por iniciativa de concejales o grupos de vecinos motivados lo mismo por el brutal debate migratorio que por lo que consideran como pérdida de valor de sus propiedades debido a la llegada de vecinos “indeseables”.

En el condado Prince William, una región suburbana de Washington, la llegada de inmigrantes latinos que en algunos casos crían pollos en sus patios, llevó a grupos de vecinos a tratar de vender sus casas o a promover medidas para hacer cumplir leyes contra la introducción de animales de granja en zonas urbanas.

En algunos casos, la preocupación es simplemente económica: “Nos preocupa que la casa se deprecie aún más”, dijo Virginia Paris, una mujer de Dale City, Maryland.

La oleada de regulaciones locales puede tener muchas otras motivaciones, sobre todo en un debate que incluye argumentos como falta de integración social, uso de idiomas diferentes al inglés o violaciones a leyes sobre reuniones públicas, falta de seguro y daños en propiedad ajena.

La atención ha estado centrada en la legislación nacional, sea la construcción de una barda fronteriza o el rechazo a propuestas de ley que habrían permitido la regularización de residentes ilegales. La tendencia ahora es a medidas municipales. Pero, en un frente muy distinto, los migrantes y sus aliados enfrentan otros desafíos, como la propuesta de Tancredo, que limitaría la ciudadanía a los niños nacidos aquí con al menos un padre ciudadano o residente legal y prohíbe votar en una elección de otro país so pena de perder la ciudadanía.