Las ONG temen que se produzca un desalojo durante el verano La situación del puente de Ademuz va variando con el paso del tiempo. Durante la campaña de la recogida de la naranja llega a haber 150 personas viviendo en esa zona del antiguo cauce.


Actualmente, alrededor de 50 extranjeros pueblan la zona. Ahora ya no son mayoría los inmigrantes del África subsahariana, puesto que en los últimos meses ha ido llegando gente de diferentes países de Europa del Este.


Rumanos, búlgaros y también algunos polacos superan en número a los senegaleses y malíes. Antes, la proporción solía ser del 70% de subsaharianos y el 30% de europeos, “pero ahora es al revés”, según Chema Toribio, miembro de Psicólogos sin Fronteras, una de las entidades integrada en la Asamblea Baobab y que ayuda estas personas.


La cifra de subsaharianos se ha reducido porque se trasladan a los lugares en los que encontrar empleo en el campo. Ahora, en el norte de Cataluña y en Castilla – La Mancha.


Los europeos han modificado considerablemente la situación en el río. Desde su llegada han comenzado acumularse enseres bajo el puente. También empezó a haber mujeres durmiendo al raso. Pero la principal diferencia entre estos inmigrantes y los africanos es que los primeros “dicen que están allí porque quieren”. Son comunitarios y tienen muchas más posibilidades que los subsaharianos sin papeles, que no pueden trabajar de forma legal. Parte de ellos han sido trasladados desde Canarias y no tienen ninguna oportunidad de regularización hasta tres años después.


“Los europeos no aceptan la ayuda porque dicen que no la necesitan”, explica Toribio.


Mientras tanto, el estado de los subsaharianos que llevan más tiempo en el viejo cauce va empeorando. Recientemente, desde la Casa de la Caridad subrayaron lo que ya advertían los integrantes de las agrupaciones de ONG: cada vez hay más casos de trastorno mental ante una precariedad social que se va convirtiendo en crónica.


Desde la Mesa de Entidades de Solidaridad con los Inmigrantes han alertado de que en verano, “coincidiendo con que hay menos gente y todo pasa más desapercibido”, podría producirse “un desalojo forzoso sin que la Administración haya hecho nada por ellos”. Las ONG temen que unas obras “sirvan como excusa para expulsarlos”.


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