La Policía podrá verificar el estatus de los detenidos en un condado del estado de Virginia con alta presencia de inmigrantes salvadoreños.

Las autoridades del condado de Prince Williams, en Virginia, aprobaron el martes por la noche una medida que niega servicios a los indocumentados y además autoriza a la Policía a pedir papeles de inmigración a los detenidos.

Los ocho miembros de la Junta de Supervisores del condado votaron por unanimidad a favor de la resolución que busca reducir el impacto de la inmigración indocumentada en esa jurisdicción.

El personal del condado tiene 90 días para analizar la aplicación de la iniciativa, considerada una de las más duras contra la migración indocumentada en Estados Unidos.

Aún no está claro qué servicios serán limitados, pero la Junta de Supervisores insta además a las agencias del condado a presentar una lista de servicios que pueden ser negados a los inmigrantes sin papeles, pero sin caer en la violación de las leyes estatales o federales.

Y aunque la Policía podrá investigar el estatus migratorio de toda persona detenida, el proyecto original contemplaba que lo podía solicitar a cualquier persona que detuvieran en la calle incluso por infracciones menores.

En declaraciones brindadas al diario The Washington Post, el salvadoreño Gregorio Calderón, quien es residente legal, se pregunta: ¿Cómo se supone que vamos a vivir aquí?, al explicar que teme el acoso policial solo por su procedencia.

El jefe de la Policía del condado de Prince William, Charlie Deane, expresó durante la reunión su rechazo a restringir servicios de recreación a los indocumentados, al advertir que se incrementará la delincuencia juvenil.

La cónsul de El Salvador en Washington, Margarita Chávez, expresó que en ese sentido la Policía ya les había manifestado en una reunión con diplomáticos hace dos semanas que no estaba de acuerdo en ejercer labores de migración.

Ellos no quieren meterse en temas migratorios, (dicen) que su función es estrictamente policial y si se meten en temas migratorios corren el riesgo de que la seguridad pública se debilite porque la gente tiene miedo de denunciar, expresó.