Algunas leyes afectan la expedición de licencias y placas, limitan servicios a indocumentados, prohíben la renta de viviendas a estas personas y dan poderes migratorios a las policías locales.

El Gobierno salvadoreño ve con preocupación las nuevas disposiciones que facultan a la Policía local para aplicar las leyes de inmigración que algunos condados de Estados Unidos con alta población de connacionales están implementando o planean implementar en el futuro.

Lo ideal es que cada institución mantenga sus competencias, pero esto se complica cuando por ley se les amplían facultades migratorias a las policías locales. Esto es un problema muy grande que hay que reconocer, aseguró la viceministra de Relaciones Exteriores, Margarita Escobar, al comentar la ordenanza aprobada el martes en el condado de Prince William en Virginia.

Tenemos que ver el alcance de esta ley, ver si esto es de aplicación inmediata o no, y ver cómo vamos a ayudar a los salvadoreños, explicó Escobar.

La ordenanza de Prince William es una de las leyes aprobadas en más de un centenar de condados de Estados Unidos para contrarrestar la inmigración indocumentada. Se reportaba el mes pasado que los congresos estatales habían aprobado o considerado unas 1,100 iniciativas de ley destinadas a hacer más difícil la vida de los indocumentados.

Los argumentos de muchas de estas iniciativas es que son para enfrentar un problema que a nivel federal los legisladores no pudieron tratar al cerrar el debate de la reforma migratoria.

La viceministra Escobar lamentó que el Senado no haya aprobado la propuesta de reforma; sin embargo, dijo que el Gobierno mantiene un cabildeo continuo en Washington en busca de la legalización de los compatriotas que residen en ese país y anunció que reforzarán el mensaje a los salvadoreños para que puedan aplicar a residencia permanente a través de la ley Nacara y una campaña masiva para impulsar a los compatriotas a reinscribirse al TPS cuando inicie el proceso.