El endurecimiento de la política de inmigración del presidente francés, Nicolas Sarkozy, empieza a afrontar dificultades incluso antes de ponerse en práctica. Los sindicatos representados en el comité de empresa de Air France aprobaron el martes por unanimidad una moción en la que piden la paralización de las expulsiones de inmigrantes clandestinos en vuelos de la compañía.
No es la primera vez que esta demanda se produce, por lo que no está directamente relacionada con la nueva política de inmigración de Sarkozy, pero la intención del presidente y del ministro Brice Hortefeux de restringir la inmigración y aumentar el número de expulsiones de sin papeles agravará el conflicto.
En la moción, que será presentada hoy a la junta de accionistas, los trabajadores, incluidos los representantes de los pilotos, afirman que “las expulsiones de extranjeros perjudican la imagen de la compañía y la seguridad de los vuelos”. Recuerdan que centenares de inmigrantes son expulsados en vuelos regulares de la compañía desde hace un año y denuncian la “brutalidad” que en ocasiones ejercen las fuerzas del orden, de la que ponen por testigos a trabajadores y pasajeros.

EJEMPLO EN CANADÁ
El comité de empresa invita a Air France – KLM a seguir el ejemplo de Air Canadá, que el 30 de mayo del 2006 aprobó en junta de accionistas una resolución para no expulsar inmigrantes en vuelos comerciales. Un portavoz de la empresa, sin embargo, declaró ayer que “no corresponde a Air France poner en cuestión” decisiones “ejecutadas por el Ministerio del Interior” y “tomadas en el marco de un Estado de derecho”.
En una carta que le envió el lunes, Sarkozy pide a Hortefeux, ministro de Inmigración, Identidad Nacional y Codesarrollo, que fije “objetivos exigentes” en la expulsión de sin papeles y que establezca cuotas anuales por criterios del número de inmigrantes que Francia puede admitir. Así, de acuerdo con la tesis de que la inmigración debe ser elegida, Sarkozy pide al ministro del ramo que los llegados por motivos económicos pasen del 7% al 50% mientras disminuye drásticamente el porcentaje de acogidos por reagrupamiento familiar. El Gobierno aprobó el 4 de julio el proyecto de ley que endurece las condiciones del reagrupamiento.