Se aprovechaba de la precaria situación de aquellos extranjeros que querían regularizar su situación en España. Cuidando los detalles al máximo, estafaba cantidades que no bajaban de los 900 euros por «cliente».

Después de valorar los datos, el juez de Murcia que instruye un caso de estafa a inmigrantes ordenó ayer el ingreso en prisión de Julia María G.F., de 37 años y de nacionalidad colombiana. La acusada regentaba una asesoría que se encargaba de vender por cantidades que rondaban entre 900 y 1.700 euros, contratos falsos de trabajo y de alquiler de vivienda, según indicaron fuentes policiales.

Hasta el momento la policía ha detectado la utilización fraudulenta de 12 viviendas ubicados tanto en Murcia , como en pedanías del municipio, que Julia María utilizaba para llevar a cabo sus fechorías.

La gestoría en la que trabajaba la ciudadana colombiana acusada de la estaba, facilitaba los contratos con los que los inmigrantes justificaban el arraigo laboral en España, y que eran presentados en la Oficina Única de Extranjeros de Murcia junto con solicitudes de autorizaciones de residencia y de trabajo.

La detenida cuenta con varias detenciones en Murcia por hechos similares y según fuentes policiales, era muy conocida entre los inmigrantes «a la hora de buscar domicilios para justificar las condiciones de habitabilidad exigidas por la legislación española a los solicitantes de reagrupación familiar».

El negocio redondo

Lo tenía todo pensado y cuidado al detalle. Julia María buscaba domicilios en los que residen como arrendatarios ciudadanos extranjeros para llevar a cabo sus estafas. Después de dar con las viviendas alquiladas por extranjeros les solicitaba una copia de su contrato de arrendamiento y, posteriormente, lo falsificaba. En la documentación manipulada Julia María plasmaba como arrendatario del inmueble al que era «su cliente».

Tras conseguir el cambio de nombre en el contrato, la acusada pagaba la cantidad de 100 euros al verdadero inquilino de la casa. Un negocio redondo al que la colombiana le sacaba un beneficio no menor a 800 euros cuando la estafa llegaba a término.

Una vez que «el cliente» contaba con el contrato de arrendamiento falso, Julia María concertaba una cita con un notario a la que acudía el ciudadano extranjero y una persona de su entera confianza.

Esta visita estaba orientada a solicitar al notario un acta de manifestaciones y presencia, en la que éste acudía al domicilio alquilado a comprobar que el ciudadano extranjero residía sólo, así como las características de la vivienda, especialmente el número de habitaciones con las que contaba la casa objeto de fraude.

En este segundo trámite Julia introducía otro documento falso. En este caso se trataba de documentación de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia, calificada como imprescindible para que el notario pudiera realizar la visita al domicilio, al necesitarse tener constancia documental de que el interesado había solicitado formalmente a ese organismo municipal la visita de un funcionario para la comprobación de la «disponibilidad con la que contaba la vivienda».

En el registro que efectivos de los cuerpos de seguridad realizaron en la Gestoría, fueron encontrados impresos de la Gerencia de Urbanismo de Murcia ya cumplimentados con un sello de registro de entrada falsificado, así como otros relacionados con la documentación exigible para la regularización, que son objeto de estudio para determinar su relación con esta trama de falsificaciones.