Asociaciones de extranjeros, colectivos sociales, Comisiones Obreras y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado rechazaron ayer las propuestas del pacto entre CC y PP para “endurecer la legislación” sobre inmigración, que creen una “violación de derechos básicos”.

“Las medidas que pretenden PP y CC atentan directamente contra los derechos fundamentales de las personas, contra la Ley de Protección del Menor y contra la propia Constitución”, afirmaron dichas organizaciones en un comunicado.

En concreto, salen al paso de declaraciones en las que, tras una de las reuniones convocadas para formalizar el pacto de Gobierno de Canarias, ambas formaciones políticas expusieron las exigencias que proyectan plantear al Gobierno estatal en materia de inmigración, “con el consiguiente empeoramiento de la situación de las personas inmigrantes en Canarias”.

Con esas exigencias, populares y nacionalistas “intentan privar a las personas inmigrantes de derechos tan básicos como la sanidad, la libertad y la educación”, ya que abogan por “modificar la Ley de Bases de Régimen Local para poner trabas al empadronamiento de los irregulares, lo que impediría su acceso a los servicios” y, por tanto, por una medida que “atenta contra la Constitución Española”.

CEAR, CCOO y los diversos particulares y colectivos que, como la Unión de Asociaciones de Extranjeros no Comunitarios, la Federación de Asociaciones Africanas o la Asociación Canaria de Costa de Marfil, suscriben el texto, denuncian, además, el hecho de que CC y PP “pretenden aumentar de 40 a 70 los días que los inmigrantes irregulares pueden pasar en los centros de internamiento”. Algo que , según afirmaron, no responde a los fines de dicho internamiento, concebido, en principio, para que dure “el tiempo imprescindible” para identificar a cada persona, y “provocaría una mayor saturación de los centros”, derivaría en “alarma social” y “empeoramiento en las condiciones físicas y mentales” de los retenidos.

Menores

Las organizaciones firmantes del manifiesto condenan, por último, la demanda de populares y nacionalistas de “considerar a los menores extranjeros como inmigrantes irregulares”, una propuesta que plantean “para poder repatriarlos sin el más mínimo respeto a los derechos fundamentales del menor”.

Su conclusión es que, en conjunto, “las declaraciones de los mencionados partidos políticos ponen de manifiesto el menosprecio a la legalidad española e internacional, así como la vulneración de los derechos básicos de las personas, reconocidos internacionalmente”.