Mas de 40.000 indonesios salen anualmente de su país con el sueño de encontrar una vida mejor y un trabajo para mantener a sus familias, pero acaban convertidos en esclavos tras caer en las redes de traficantes de personas.

“El precio por el que son vendidos depende de la edad”, explica el coordinador de la ONG indonesia Migrant Care, Wahyu Susilo, quien añadió que un traficante puede obtener por una mujer joven unos cinco millones de rupias (alrededor de 500 dólares).

Susilo indicó que la mayoría de las víctimas son mujeres, algunas de las cuales son sacadas de Indonesia para entrar a formar parte de las redes de prostitución en países de Asia y Oriente Medio, mientras otras son explotadas y maltratadas como empleadas domésticas.

A su juicio, el Gobierno indonesio sólo contempla la emigración desde un punto de vista meramente económico, pues “quieren las remesas pero no se encargan de proteger a sus ciudadanos”, denunció el activista.

Según datos de Migrant Care, el 65 por ciento de los que salen de Indonesia lo hacen con pasaportes falsos, lo que les hace aún más vulnerables al maltrato y al trabajo forzado.

“Nos consta que al menos 35.000 personas son sacadas cada año del país por las redes de tráfico humano, pero creemos que eso sólo es la punta del iceberg”, explica Susilo.

Respecto a las cifras que manejan las fuerzas de seguridad, un policía especializado en el tema que pidió no ser identificado aseguró que ese tráfico humano afecta cada año en Indonesia a entre 40.000 y 50.000 personas que son llevadas a Malasia, Omán o Arabia Saudí".

Todas las ONG apuntan como principales causas del problema a la corrupción de la Policía y los funcionarios de la Administración.

“En un pueblo de Sukabumi (Java Occidental) tan sólo hay 8.500 habitantes, y sin embargo emiten 15.000 pasaportes todos los meses, es obvio que ahí hay mafias trabajando”, precisó Susilo.

Lo mismo ocurre en la localidad de Lukukan, cercana a la frontera de Malasia, donde únicamente residen 100.000 personas pero cada día se obtienen 33.000 pasaportes.

Una vez fuera de Indonesia, los patrones quitan a sus trabajadores sus documentos, les aislan y no les permiten llamar a sus familias, y a partir de ese momento quedan convertidos en esclavos.

Pocos regresan, y según las ONG, los que lo consiguen llegan en pésimas condiciones físicas y psicológicas, y con enfermedades de transmisión sexual, en algunos casos.

La fragilidad y falta de protección de los emigrantes indonesios quedó recientemente de manifiesto con las dramáticas imágenes de Ceriyati Dapin, una mujer contratada como empleada de hogar en Kuala Lumpur (Malasia) que se escapó por la ventana de un edificio de 15 pisos con una cuerda hecha con sábanas anudadas.

Ceriyati, que presentaba una extrema delgadez, logró descender sólo tres pisos con su improvisada cuerda, pero fue suficiente para separarla del infierno en que habitaba desde hace seis meses, con una patrona que le pegaba, no le daba de comer y llegó a atacarle con un cuchillo.

Alrededor de 1.200 empleadas de hogar indonesias huyen cada mes de sus patrones a causa de abusos, condiciones de trabajo pésimas o impago de sus salarios en Malasia, un país que alberga a más de un millón de emigrantes de la nación vecina.

Robert Barlow, asesor legal del Departamento de Justicia de Estados Unidos (EEUU) que dirige un programa de formación de la Policía indonesia para luchar contra el problema, indicó: “No sabemos exactamente cuánta gente es vendida cada año en Indonesia, pero calculamos que alrededor del treinta por ciento de los que emigran caen en las redes de los traficantes”.

Pero además, “hay muchos más que son comprados y vendidos para trabajar dentro del país”, donde la compraventa de seres humanos ya genera más dinero que el tráfico de drogas, afirmó el experto estadounidense.