La reforma migratoria en Estados Unidos sufrió un golpe mortal el jueves pasado. El proyecto de ley quedó bloqueado definitivamente y sin posibilidad alguna de prosperar en el Senado. Se perdió así una oportunidad única para recomponer el desastroso sistema de migración estadounidense que desde hace ya muchos años ha sido incapaz de manejar adecuadamente el flujo más grande de todo el mundo.

El hundimiento de la reforma migratoria significó, en esencia, la persistencia de un estado de cosas que ya no funciona. El costo social y humano de la inacción legislativa es y seguirá siendo muy alto: dejó a los más de 12 millones de migrantes no autorizados que viven en Estados Unidos (de los cuales casi siete millones son mexicanos) en el peor de los mundos: sin tener salida alguna para normalizar su situación migratoria y, además, expuestos a las redadas —cada vez más frecuentes— que realizan las autoridades migratorias fuera de los sitios de trabajo. En consecuencia, el destino de los migrantes no autorizados en ese país es ahora más incierto que nunca: están obligados a seguir viviendo en las sombras, con temor a ser aprehendidos, deportados y separados de sus familias.

El fracaso de la reforma migratoria también implica que los canales legales de ingreso a Estados Unidos seguirán siendo muy estrechos, rígidos y poco realistas. En consecuencia, cientos de miles de migrantes continuarán recurriendo cada año a las prácticas de siempre para intentar el ingreso ilegal a ese país: saltar bardas o muros, utilizar túneles subterráneos, cruzar a nado el río Bravo, transitar por rutas peligrosas y sortear toda clase de obstáculos en el desierto. O alternativamente, ingresar por los puertos de ingreso documentado y violar más tarde los términos de la visa para establecerse en forma no autorizada en la Unión Americana.

Ante la imposibilidad de aprobar una reforma migratoria integral, los legisladores podrían caer de nueva cuenta en la tentación de optar por el continuo endurecimiento de las medidas de seguridad interna y limítrofe. Ya se oyen voces en el Congreso que muestran su disposición a promover medidas presupuestarias para contratar más agentes migratorios y construir más barreras y muros, así como para adquirir más equipos y tecnología para detener el flujo indocumentado. Esencialmente, más control fronterizo y más muros significarían más dificultades para cruzar la frontera clandestinamente, el debilitamiento —hasta sus límites— de la circularidad migratoria y el fortalecimiento del crimen organizado asociado al tráfico de personas, así como renovados sufrimientos y más muertes de migrantes en la frontera (adicionales a las casi 4 mil ocurridas entre 1994 y mayo de 2007).

La frustración que sienten algunos sectores de la sociedad estadounidense con la inacción legislativa en el Congreso podría contribuir en los próximos meses —conforme los partidos se adentren en sus respectivas campañas para la elección presidencial de noviembre de 2008— a exacerbar la xenofobia, la intolerancia y la discriminación. En este contexto, las legislaturas estatales y los cabildos locales podrían asumir un papel aún más protagónico que el que han tenido hasta ahora, impulsando y aprobando iniciativas y ordenanzas de carácter punitivo para restringir el acceso de los indocumentados a los servicios públicos de asistencia social, educación y salud, para obtener una identificación o alquilar una vivienda. De acuerdo con The Washington Post, las legislaturas estatales en Estados Unidos habían aprobado o estaban considerando, hasta mayo pasado, más de mil 100 iniciativas de ley con alguno de esos propósitos.

Como se puede advertir, vienen tiempos todavía más difíciles para los migrantes. México no puede permanecer pasivo ante esta situación y está obligado tanto a estructurar respuestas para defender los derechos de los migrantes en Estados Unidos, como a desarrollar una mayor capacidad para ofrecerles a los emigrantes potenciales las oportunidades que les permitan mantenerse en el país.

Economista, demógrafo, sociólogo y subsecretario de Educación Superior, SEP