Los países iberoamericanos ultiman un convenio para poner en común los distintos sistemas de pensiones. Se trata de garantizar las jubilaciones a los trabajadores inmigrantes que no hayan completado sus cotizaciones por haber contribuido en varios países y sujetos a modelos distintos. Este acuerdo se aprobará el jueves en la VI Conferencia de Ministros de Trabajo de Iquique (Chile), vincula a España y a otros 20 países, y beneficiará a cuatro millones de trabajadores. De éstos, una cuarta parte trabaja y vive en España. El convenio prevé cómputos conjuntos y que cada país se haga cargo de pagar al trabajador el beneficio proporcional a su periodo cotizado, según su propio modelo de seguridad social. La salvaguarda de los derechos sociales de los inmigrantes es justa y necesaria para garantizar el poder adquisitivo de millones de personas cuando alcanzan la edad de jubilación. Los trabajadores extranjeros no deben pagar la incapacidad de los gobiernos para poner en común diferentes sistemas de prestaciones. No obstante, el mecanismo para determinar el monto de la prestación y el porcentaje que debe asumir cada parte es tan complejo que, en Europa, por ejemplo, se ha renunciado a un sistema unificado de pensiones mientras la movilidad entre trabajadores comunitarios no supere las cotas actuales. Las necesidades de los países iberoamericanos son muy otras. Cabe apoyar el convenio previsto, pero el Ministerio de Trabajo habrá de extremar el control para evitar posibles fraudes.