Dos de cada tres ciudadanos finlandeses residentes en la Costa del Sol se mudaron a España por motivos de salud, según una encuesta elaborada por la Facultad de Farmacia de la Universidad de Helsinki (Finlandia). Estos “inmigrantes de salud” están más aquejados de enfermedades crónicas y usan los servicios de salud españoles con más frecuencia que los inmigrantes comunes, según el estudio. La encuesta, realizada en el año 2002, tomó una muestra de 1.000 residentes finlandeses con residencia habitual en el litoral malagueño. La mitad de los encuestados había tomado analgésicos en las dos semanas anteriores al trabajo de campo, según el estudio, que señala que “es probable que las grandes proporciones de inmigrantes de salud entre los finlandeses de la Costa del Sol se den también entre los residentes de otras nacionalidades”.

Estos datos, señalan los autores del estudio, “deben ser tenidos en cuenta para planificar en el futuro los servicios de salud, ya que de lo contrario se pueden convertir en un problema si crece el número de inmigrantes de salud”.

El Observatorio de Salud en Europa, dependiente de la Junta, señalaba en 2005 que “España recupera una mínima parte de lo que otros países deberían pagarle por atender a sus ciudadanos”. Entre las razones para esta disfunción están “desconocer el número real de pacientes que se atiende y el no cumplir los trámites administrativos para hacer efectivo el cobro del servicio realizado”.

El mecanismo de compensación del gasto sanitario de los ciudadanos comunitarios es el siguiente: el Instituto Nacional de la Seguridad Social recibe el importe que los estados miembros de la UE pagan a España por la atención sanitaria recibida por sus ciudadanos. La Seguridad Social “reparte” este dinero entre las comunidades autónomas a través del Fondo de Cohesión. El número de expedientes tramitados por cada comunidad para recibir el reembolso está detrás del montante que recibirá cada autonomía.

De este modo, Andalucía y la Comunidad Valenciana, comunidades de gran peso turístico y con numerosos residentes extranjeros de larga estancia muestran cifras de reembolso muy distintas. Mientras que en 2001 y 2004 Andalucía recibió un 14% y un 4% del Fondo de Cohesión, la Comunidad Valenciana recibió en las mismas fechas un 3,37% y un 43,82% respectivamente.

El Observatorio sostenía que “a pesar de la falta de datos sobre el número real de pacientes extranjeros atendidos, parace existir suficiente información que constata que no se recuperan costos del Fondo de Cohesión y de las compañías de seguros por no tramitarse los correspondientes expedientes” y recomendaba a los gestores del Servicio Andaluz de Salud “facilitar la recogida y explotación adecuada de esos datos”.