El acusado cobraba entre 300 y 1.000 euros La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 46 años acusado de falsificar documentos oficiales y contratos de trabajo que proporcionaba por un precio de entre 300 y 1.000 euros a inmigrantes “sin papeles” que necesitaban regularizar su situación en España, informaron ayer fuentes del Instituto Armado.

El arrestado, M.E.G.D., marroquí, actuaba en el sureste del mediterráneo, principalmente en Alicante y Murcia, y usaba sellos falsos del Registro Civil, de los juzgados y de la Oficina de Extranjería de la Subdelegación del Gobierno de Alicante y de la Generalitat, entre otros organismos públicos, para dar mayor credibilidad a los documentos manipulados.

“Su popularidad dentro de las organizaciones de tráfico de seres humanos era tal que inmigrantes de otras provincia”, como Madrid, Barcelona y Valencia, recurrían él para acceder a esos documentos ilegales y regularizar su estancia en España”, según las mismas fuentes.

Además de M.E.G.D., fueron arrestadas otras nueve personas que presuntamente se beneficiaron de la documentación falsificada. Estas detenciones forman parte de la segunda fase de la operación Cimitarra, desarrollada el pasado mayo en Alicante, Murcia y Baleares, en la que fueron apresadas 14 integrantes de un grupo dedicado a cometer robos en hoteles, comercios y domicilios.

El análisis de la documentación aprehendida a esta red abrió líneas de investigación que permitieron localizar en la provincia de Alicante a una persona, que resultó ser M.E.G.D., que contactaba con inmigrantes “sin papeles” y les facilitaba documentos falsos con el objetivo de regularizar su situación en España. En el momento de su detención portaba diversas documentación falsificada preparada para su distribución.

M.E.G.D. proporcionaba fotocopias compulsadas de permisos de residencia y trabajo auténticos a las que previamente sustituía la fotografía del verdadero titular del documento por la de la persona interesada. Posteriormente, el documento era estampado con un tampón falso de diferentes organismos públicos para dar mayor credibilidad, lo que permitía a los inmigrantes “sin papeles” conseguir un empleo en empresas españolas.