«Les llegamos a tirar el DNI a la puerta de la discoteca. Total, de lo que nos sirve. Era una forma de reivindicar nuestros derechos fundamentales. Aunque algunos piensen lo contrario, somos personas, exactamente igual que quienes nos discriminan». Pascual Borja ha vivido en primera persona la «vejación» que supone el no poder entrar a un establecimiento hostelero de Vitoria por el simple hecho de ser gitano. Esta «humillación», denuncia, se ha repetido en numerosas ocasiones. No sólo en pubs y discotecas durante viernes y sábados, sino también entre semana e incluso en restaurantes.

Las denuncias se han sucedido en los últimos meses. En todos los casos, la respuesta no ha variado un ápice: oídos sordos. El colectivo gitano, tal y como ha refrendado el Síndico, arremetió contra la Policía Municipal y autónoma porque cuando les requerían para que intervinieran e impidieran este tipo de actitudes en los accesos de los locales, éstos esgrimían que no tenían que acudir «al no existir un altercado».

La respuesta, con el Código Penal en la mano, no deja lugar a dudas. Y es que todo empresario no puede denegar a una persona el servicio que públicamente ofrece por razones de sexo, religión, situación familiar, enfermedad, nación o raza. El incumplimiento de la legislación, como advirtió el Defensor del Vecino, supone la comisión de un presunto delito que conllevaría la inhabilitación del profesional por un periodo de «entre uno y cuatro años». En esos casos, subrayó Javier Otaola, «es la propia dignidad del ser humano la que se ve afectada (…) ya que se les relega a la condición de ciudadanos de segunda».

Respuesta policial

Además de realizar un prolijo escrito sobre los derechos de las personas, el Síndico critica la actuación policial y les recuerda que tienen «el deber de investigar y levantar atestado» ante la denuncia de aquellos que vean menoscabado su derecho a no ser discriminado. Precisamente, Pascual Borja, quien además es integrante de la comisión del Pueblo Gitano del Gobierno vasco, relató a este periódico que incluso en una ocasión, varios agentes de la Ertzaintza que iban de paisano pudieron comprobar ‘in situ’ el rechazo que padecen.

Fue en un restaurante, a primera hora de la noche de un día laborable. En el local, siempre según el testimonio del joven, «nos dijeron que no tenían sitio, algo que era mentira porque comprobamos que tenían mesas libres». De hecho, añade, los agentes se personaron como testigos en la denuncia que pusieron y que al final no prosperó.

En todos los casos, después de constantes tiras y aflojas y «mucho preguntar», el único argumento de los miembros de la seguridad de los locales es que «no podemos entrar porque somos gitanos», denuncia Borja. Además, lejos de ser anecdótica, la situación se repite «en numerosos bares de Vitoria, no sólo en tres o cuatro». «De verdad que es algo humillante», espetó.