La historia se repite. Al igual que ocurriera en noviembre de 2005, cuando se cerró como medida cautelar la discoteca Privée cinco días después de la muerte de un joven ecuatoriano que mantuvo una pelea con los porteros del local de San Ignacio, el Ayuntamiento de Bilbao ha decidido clausurar también la sala Fania-El Ranchito de Deusto-antiguo Chentes-, donde fue degollada una chica colombiana en la madrugada del pasado domingo, con los mismos argumentos y en el mismo plazo, para evitar que abriera la persiana el fin de semana. La suspensión se basa en la reiteración de incidentes en el local, donde tanto la Policía Municipal de Bilbao como la Ertzaintza ha llegado a intervenir en más de un centenar de ocasiones desde 2005.

La «prohibición del ejercicio de la actividad», potestad de los Ayuntamientos recogida en la Ley orgánica 1/1992 sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, fue comunicada ayer a los propietarios del local, ubicado en el número 28 de la Avenida Lehendakari Aguirre, y se mantendrá mientras se resuelve el expediente sancionador, que se producirá en un plazo máximo de seis meses, según indica la nota de prensa emitida ayer por el Consistorio bilbaíno. Además, de forma paralela, se ha expedientado a los titulares de la sala por infracción grave de las ordenanzas municipales en materia de seguridad, que podría acarrear multa de 30.000 euros, suspensión o prohibición de la actividad durante un año, inhabilitación para ejercer el negocio de la hostelería durante seis meses o clausura del local de hasta un año. El Fania ya había sido sancionado en dos ocasiones anteriores por el área de Seguridad Ciudadana y Protección Civil con multas de 4.000 y 4.500 euros por tener bloqueadas las salidas de emergencia.

El homicidio que desencadenó la contundente reacción del Gobierno de Iñaki Azkuna se produjo alrededor de las cuatro de la madrugada del pasado domingo. Un joven colombiano de 19 años que había mantenido una discusión con una camarera y su novio y que fue expulsado del local, volvió a entrar armado con un cuchillo con la supuesta intención de vengarse. En el camino fue lanzando puñaladas e hirió a dos jóvenes, a uno de ellos de gravedad en un brazo.

La víctima, Cristina Isabel Álvarez, de 25 años y origen caleño (Colombia), se encontraba sentada junto a la entrada de la barra. El presunto homicida le clavó el cuchillo en el cuello. Según algunos testigos, el agresor, que ha sido encarcelado por orden judicial, contó con la colaboración de un chico dominicano de 22, también detenido y puesto en libertad con cargos, que le abrió desde dentro la salida de emergencia.

Agresiones y amenazas

El Fania ha sido escenario de más de cien actuaciones policiales en el último año y medio. En la práctica totalidad de los casos, el origen fueron hechos delictivos contra la integridad física de las personas, contra la salud pública y contra la propiedad, que se convertían con frecuencia en peleas, disputas, agresiones y amenazas, con heridos y tenencia y uso de armas ilegales, detallaba la nota de prensa oficial. Los altercados se registraron tanto en el interior del establecimiento como en la calle y «afectaron gravemente a la convivencia y a la seguridad ciudadana». Esta decisión puede ser recurrida por los responsables del Fania ante los tribunales.

La noticia fue bien acogida por los vecinos. «Era de prever, la situación se las trae. Parece ser que la cadena de responsabilidades está en las mismas manos que el Privée. Si no se controla desde el principio es fácil que pueda repetirse en otro sitio», explicó ayer Carlos Ruiz, portavoz de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Bilbao.

El representante de los hosteleros, Ángel Gago, secretario general de la Asociación Empresarial de Hostelería de Vizcaya, pidió a los políticos «que dejen de dar lecciones y cambien la ley penal». En opinión de Gago, «quieren que valoremos el sitio, no el hecho», lo que, a su juicio, «enmascara el auténtico problema que es la delincuencia». Pidió que se endurezca la normativa sobre posesión de armas. Desde el Ayuntamiento, la concejala de Urbanismo, Julia Madrazo, apeló a la «responsabilidad social» del empresario sobre lo que ocurre en su local y advirtió de que «deben poner los medios para el buen funcionamiento del negocio».