Donostia. Los ayuntamientos comulgan con Lakua en que el “negocio de con la miseria” en materia de vivienda necesita conocer un freno, y que para ello puede ser adecuado sancionar e incluso expropiar los pisos que se hallan sobreocupados, tal y como contempla el borrador de la nueva Ley de Vivienda, pero observan un pero. “Nos va a salir más cara la salsa que los caracoles”, advierten.

El alcalde de Azkoitia, Asier Aranbarri (PNV), sabe lo que dice al describir de un modo tan gráfico la situación que puede derivarse del borrador de ley. Gestiona una localidad de 11.000 habitantes en la que no es extraño que, de cuando en cuando, los agentes se vean obligados a intervenir cuando detectan pisos que no reúnen condiciones en los que pueden llegar a vivir hasta ocho inmigrantes.

En realidad, medidas de esta naturaleza se vienen tomando desde hace tiempo en buena parte de localidades guipuzcoanas. El problema, se temen, es que “el volumen de trabajo que puede llegar a crear la nueva Ley de Vivienda” dificulta en buena medida cumplir a rajatabla el objetivo que se persigue.

Los consistorios, en virtud de la nueva normativa, deberán comprobar que un piso se halla efectivamente ocupado por más personas de las que es capaz de albergar de forma digna. “Eso está muy bien, pero en Azkoitia, por ejemplo, contamos con 14 policías municipales que llegan hasta donde llegan. ¿Cómo debemos actuar?”, se pregunta el edil.

Sus dudas, con otros matices, son compartidas por Anton Arbulu, alcalde de Zumárraga (PSE – EE). “Si alguien nos reclama que hagamos una inspección en una vivienda la llevaremos a cabo, pero nosotros no tenemos potestad, ni siquiera jurídicamente es factible, siempre que no haya una orden judicial de por medio”, explica.

subarriendo de habitaciones El problema es más complejo de lo que parece. El Departamento de Vivienda apuesta por servirse de los datos referentes al padrón de habitantes o de los consumos anormalmente elevados de agua, luz y gas, entre otros, para cazar al infractor.

Pero el fenómeno creciente del subarriendo de habitaciones en Gipuzkoa conoce, en su actual definición, otra serie de vías para “eludir el cerco”. El 65% de los inmigrantes con menos de dos años de residencia en el Estado vive en condiciones de pupilaje, esto es, en una precaria situación ajena al deseo del sufridor trabajador que se ve obligado al alquiler de una habitación sin ningún otro derecho porque “vive inmerso en una economía sumergida y no le queda más remedio que aceptar esa situación”.

Agustín Unzurrunzaga, portavoz de SOS Racismo Gipuzkoa, asegura además que los titulares de estas viviendas “no mueven un solo dedo para favorecer el empadronamiento de estas personas”, lo que provoca “grandes problemas de dependencia” dentro de este colectivo.

Pero no sólo se trata de personas inmigrantes. Sin llegar a tildarlo de piso patera , muchos de los inquilinos de esas viviendas sobreocupadas son miembros de familias numerosas vascas con más problemas de espacio de los que quisieran. La Federación de Asociaciones de Familias Numerosas de Euskadi, Hirukide, después del envío de 900 cuestionarios, ha detectado que prácticamente el 9% de las familias consultadas viven en una “infravivienda”.