Los compatriotas fundamentan su acusación en que los agentes cometieron violación a sus derechos civiles y abuso físico, cuando se realizó una marcha en apoyo a los inmigrantes.

Por lo menos tres salvadoreños residentes en Estados Unidos hacen parte de una demanda colectiva que se presentó en contra de la ciudad de Los Ángeles, el Departamento de Policía de la ciudad (LAPD, por sus siglas en inglés) y su jefe, William Bratton, por los disturbios ocurridos el 1.º de mayo pasado en el curso de una manifestación de apoyo a los inmigrantes.

El compatriota Juan Carlos Chopin es uno de los ocho comunicadores que encabezan la lista de 30 personas que entablaron la querella judicial ante el Tribunal Federal.

Representados por el abogado Luis Carrillo, las supuestas víctimas alegan violación de los derechos civiles y abuso físico por parte de los agentes.

Las agresiones que recibió el camarógrafo salvadoreño fueron grabadas por uno de sus colegas y difundido por los medios de comunicación. De acuerdo con Carrillo, este material es una evidencia contundente para ganar el caso en los tribunales, donde se solicitará compensación económica y sanciones drásticas.

En los videos se ve claramente cómo (los demandantes) son empujados, golpeados y amenazados, esto sucedió realmente, indicó el abogado
Cinco demandas ya

El proceso se convirtió en la quinta demanda presentada contra la ciudad por las acciones de los agentes de policía, que ese día, 1.º de mayo, utilizaron balas de goma y la fuerza física para dispersar a los centenares de personas que se encontraban en la marcha que pedía una reforma migratoria justa y comprensiva.

Estaban manifestándose en paz y los comunicadores estaban cumpliendo con su trabajo, la Policía los atacó sin justa razón. Es una injusticia, había niños y ancianos que no representaban amenaza alguna para la Policía. Y una de las violaciones más graves es que las autoridades ni siquiera respetaron a los miembros de la prensa, enfatizó Carrillo.

Aunque ninguno de los demandantes fue herido de gravedad, el impacto psicológico persiste en muchos de ellos, especialmente en los menores de edad, indican las alegaciones del proceso.

Por esos hechos varias decenas de policías fueron suspendidos mientras dura la investigación.