El Juzgado de lo Social nº 3 de Donostia ha dado la razón a ELA de Oarso Bidasoa en la demanda interpuesta por el despido del técnico de Inmigración del Ayuntamiento de Irun. Según recuerda el sindicato, el Ayuntamiento rescindió el contrato del citado trabajador, que llevaba realizando dicha labor durante los últimos cuatro años, en un puesto de carácter coyuntural, supeditado a una subvención anual del Gobierno Vasco. ELA denunció en su día «la utilización de contratos temporales para cubrir puestos necesarios con vocación de permanencia e intentó buscar una salida sin tener que acudir a la vía judicial, pero el Ayuntamiento se aferró a una decisión que el juzgado le ha reconocido como ilegal». En base a la sentencia dictada, ELA pide «la readmisión inmediata del trabajador».