Sólo uno de los cuatro agentes encarcelados en la supuesta trama de corrupción policial de Ronda (Málaga) permanece en prisión cuatro meses después del inicio de la operación. Se trata de un policía de escala básica, considerado por los investigadores como uno de los líderes del grupo y uno de los últimos en declarar ante el juez José Óscar Roldán Montiel antes de que decidiera levantar parte del secreto sumarial hace más de una semana.

El juez ha dejado en libertad a los otros tres encarcelados: el inspector jefe que hacía de comisario en Ronda, un subinspector encargado del área de Extranjería y un guardia civil apresado a mediados de mayo. Todos están acusados de delitos relacionados con la explotación sexual y extranjería.

La defensa del único policía encarcelado, ejercida por el penalista José Luis Ortega, aseguró ayer que “cree en la inocencia de su cliente” y que el juez ha de tener “razones muy poderosas” para mantenerlo en prisión. El pasado 14 de junio, su defendido se negó a decirle al instructor quién le había filtrado que Asuntos Internos le estaba investigando alegando “que el juez le daba miedo”.

El instructor comunicó la puesta en libertad a las defensas de los dos policías y el guardia civil a través de un único auto. A partir de ahora, los imputados tendrán la obligación de acudir a los juzgados los lunes de cada semana y no pueden, al igual que otros acusados en libertad, acercarse a los clubes de alterne de Ronda o comunicarse con personas de cualquier sexo relacionadas con este tipo de negocios. La razón de esta medida es, según fuentes consultadas, la existencia de una veintena de testigos protegidos, la mayoría de clubes de alterne.

Hasta el momento el juez se había negado a ponerles en libertad alegando que continuaba la instrucción del caso y que los sospechosos podrían destruir pruebas o intentar evadir la justicia.

En total hay siete agentes del Cuerpo Nacional de Policía implicados, un guardia civil y el dueño de un bar de Ronda. El juez ha investigado si los agentes participaban en cobros a prostitutas por arreglarles los papeles, si se quedaban con parte de la droga intervenida en redadas o hacían la vista gorda en los clubes a cambio de relaciones sexuales gratuitas. Los detenidos suman más de una decena de delitos como prevaricación, cohecho, abuso de autoridad, abuso sexual, extorsión, estafa, falsedad documental, delitos relativos a la prostitución, favorecer la inmigración irregular o tráfico de drogas.