“Estamos sufriendo la tercera conquista. Primero fueron los españoles, luego vinieron sus descendientes: los argentinos y los chilenos y ahora son las multinacionales y sus terratenientes”, asegura Mauro Millán, uno de los líderes del movimiento 11 de Octubre, la fecha anterior a la llegada de Colón a América. La organización representa a los indios mapuches argentinos, los cuales en los últimos años han multiplicado la ocupación de tierras en manos de grandes empresas argumentando que pertenecieron a sus antepasados.

La Constitución argentina reconoce en su artículo 75 los derechos de los “pueblos originarios”, pero la creciente ocupación de tierras está provocando importantes fricciones entre las organizaciones indígenas, los diferentes escalones de la Administración y los propietarios de los terrenos. Sin cifras oficiales, los mapuches argentinos afirman ser al menos medio millón y su reivindicación territorial tampoco es precisa. “Nuestras tierras se extienden desde el Pacífico al Atlántico”, subraya Millán en su casa de Esquel, en la provincia de Chubut a 2.059 kilómetros al suroeste de Buenos Aires.

Aunque el movimiento de ocupación indígena comenzó en los ochenta, la catástrofe económica e institucional de 2001 ha animado a muchos mapuches a instalarse en terrenos que consideran pertenecientes a sus antepasados independientemente de lo que digan los títulos de propiedad o los vallados en los campos. La situación se repite en las provincias de Río Negro, Chubut y Neuquén.

Es el caso de Atilio Curiñanco y Rosa Rúa, quienes protagonizan la ocupación – ellos la denominan “recuperación” – más mediática de todas. En 2002 y tras 17 años trabajando en una fábrica textil, a 20 céntimos de euro la hora, Rosa fue despedida y decidió volver a las tierras donde se había criado su marido. Pero el hecho es que habían sido adquiridas en los noventa por el empresario italiano Luciano Benetton. Rosa, bisnieta de un importante cacique mapuche llegó a viajar a Roma para entrevistarse con el empresario textil, pero no hubo acuerdo. Fueron expulsados de la finca pero en enero de este año volvieron y construyeron una cabaña. “Benetton dice que quiere integrar a todos los colores, pero está visto que a los mapuches no”, opina la mujer alimentado un fuego en el interior de la precaria construcción mientras la nieve cae fuera. El caso está en los tribunales.

“En los últimos diez años el número de recuperaciones de territorios ha crecido exponencialmente, lo que hace falta ahora es apoyo técnico para que puedan perdurar”, señala Fernando Kosovsky, director del Grupo de Apoyo Jurídico por el Acceso a la Tierra (Gajat), un organismo que sólo en la provincia de Chubut trabaja en más de 10 casos en la actualidad. “Ya hay fallos judiciales que han dado la razón a las comunidades mapuches y se les han dado las tierras a título de propiedades comunitarias”, añade. Kosovsky se dispone a llegar a la Corte Suprema para que la comunidad mapuche pueda presentarse en los procesos como parte sin necesidad de dotarse previamente de personalidad jurídica, tal y como establece la ley.

Aunque algunos historiadores afirman que llegaron cruzando los Andes desde Chile a mediados del siglo XIX los mapuches – mapuche significa gente de la tierra – argentinos denuncian haber sufrido una secular discriminación que no mejoró tras la independencia argentina en 1816. De hecho, una de las primeras decisiones del nuevo país suramericano fue la ejecución de una campaña militar de anexión de territorios habitados por indios de etnia mapuche y tehuelche. Estos últimos, que no eran guerreros, desaparecieron. “Recuperar la tierra no es sólo un acto de justicia, sino también de educación”, recalca Mauro Millán. “Las desigualdades no se arreglan regalando tierra sino dando a los mapuches educación e insertándolos en el mundo”, replica Ricardo Bustos, uno de los principales periodistas de Esquel.