Una simbólica proposición no de ley está olvidada en un cajón de la mesa del Parlamento de Andalucía desde septiembre de 2006. Se trata del derecho preferente a la nacionalidad española de los moriscos. La presentó Izquierda Unida, pero afecta a una competencia del Gobierno central por lo que se necesita que tres fuerzas políticas apoyen su tramitación y se pueda debatir. Lo que se solicita es que el Parlamento autonómico inste formalmente al Gobierno central a conceder esta nacionalidad preferente a los descendientes de los moriscos, musulmanes obligados a convertirse al catolicismo que fueron expulsados definitivamente de España en el siglo XVII.

Antonio Manuel Rodríguez, profesor de Derecho Civil de la Universidad de Córdoba, es uno de los promotores de esta iniciativa. Sostiene que, además de IU, el PA se ha mostrado favorable a que se debata esta cuestión en el Parlamento andaluz. “Sólo falta que se pronuncie el PSOE, que es precisamente el promotor de la Alianza de Civilizaciones”, añade Rodríguez.

Lo que se busca con esta medida es una “reparación histórica”. “Sería algo simbólico, con una carga sentimental muy importante”, sostiene Rodríguez. “Sólo se tendría que incluir en el Código Civil la palabra morisco o andalusí”.

El Código Civil español establece que es necesario que un extranjero permanezca legalmente en el país durante 10 años para lograr la nacionalidad. Pero fija dos excepciones. Por un lado, los refugiados sólo tienen que acreditar cinco años de residencia. Por otro, los ciudadanos procedentes de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial y Portugal sólo necesitan dos años de permanencia. A este último listado se le añadió en 1948, durante la dictadura franquista, a los sefardíes, los descendientes de los judíos que vivieron durante siglos en la Península hasta que también fueron expulsados por los Reyes Católicos. “Lo único que habría que hacer es incluir el término morisco a ese lista”, afirma Rodríguez, “y se rompería con el falso mito fundacional de España que se sustenta en la negación del pasado musulmán”. “Son ocho siglos de nuestra historia, el periodo más largo”.

Rodríguez es consciente de las trabas que existen desde sectores de la derecha a que esta medida se adopte. “Es por ignorancia”, asegura este profesor que niega que se produjera una avalancha de ciudadanos del Norte de África en busca de una fácil nacionalidad. “No es más que una medida simbólica, se necesitaría crear una oficina de certificación andalusí o morisca que realmente acreditase la descendencia”. Según Rodríguez, haría falta que presentasen manuscritos de la época, que muchos conservan en sus casas como herencia familiar. Además, sería obligatorio que el solicitante residiera legalmente dos años en España para poder reclamar esa nacionalidad preferente. “Sería reconocer que tuvimos un pasado multicultural”, añade.

Mansur Escudero, presidente de la Junta Islámica de España, ha organizado esta semana un seminario en Córdoba sobre el mismo asunto abalado por el Liderazgo Musulmán, una organización internacional en la que están agrupadas 400 asociaciones. En las jornadas se ha suscrito un decálogo que se elevará al Gobierno español. Se trata de medidas concretas sobre el proyecto de Alianza de Civilizaciones. En el último punto del decálogo se reclama que se impulse la “recuperación de la memoria histórica andalusí”, como modelo de convivencia entre diferentes religiones y culturas. Y se recupera la petición de nacionalidad preferente para los descendientes de los moriscos. Además, se aboga por la celebración de un “encuentro mundial para la recuperación de la memoria histórica andalusí”.

El decálogo aprobado esta semana en Córdoba también incluye otras interesantes medidas como la creación de observatorio internacional contra la ‘islamofobia’, incentivar proyectos que fomenten “la igualdad de género” o la exigencia a los países implicados en la Alianza de Civilizaciones “una coherencia en lo relativo a la libertad religiosa, respeto a las minorías y políticas migratorias justas”.