Este viernes se venció el plazo para que el gobierno de México estableciera el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, por lo que organizaciones civiles lo acusaron de incumplir un compromiso internacional asumido por nuestro país ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) desde el 11 de abril de 2005.

Mediante este mecanismo se tendría que dar la facultad a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), a comisiones estatales, organismos civiles y expertos para que realicen visitas periódicas a centros de detención de personas (incluidos hospitales siquiátricos y estaciones migratorias) para prevenir la tortura.

La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos y Sin Fronteras consideraron que este retraso refleja la falta de compromiso del gobierno en la materia y la falta de disposición para que las organizaciones civiles tengan acceso a los centros de detención pero, sobre todo, a estaciones migratorias.

El 18 de noviembre de 2002, la Asamblea General de la ONU aprobó el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros tratos o Penas Crueles, Inhumanas y Degradantes. Este protocolo establece un sistema de visitas regulares a cárceles, estaciones migratorias, instalaciones de la policía preventiva y judicial, hospitales siquiátricos, entre otros, para poder monitorear la situación en estos lugares y prevenir casos de tortura, pues es en ellos donde se registran la mayoría de los abusos.

México se comprometió a cumplir con ese precepto desde el 11 de abril de 2005. Sin embargo, fue hasta el 23 de junio de 2006 cuando ese instrumento entró en vigor en todo el mundo, por lo que se fijó un plazo de un año a todos los países para que pusieran en marcha el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, mismo que se cumplió el viernes.

Édgar Cortez, secretario técnico de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos informó que la Secretaría Técnica de la Comisión de Política Gubernamental de Gobernación le informó que el mecanismo sería dado a conocer el 20 de junio, pero la dependencia dejó vencer el plazo sin hacer un anuncio al respecto ni explicar el motivo.

Este viernes se venció el plazo para que el gobierno de México estableciera el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, por lo que organizaciones civiles lo acusaron de incumplir un compromiso internacional asumido por nuestro país ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) desde el 11 de abril de 2005.

Mediante este mecanismo se tendría que dar la facultad a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), a comisiones estatales, organismos civiles y expertos para que realicen visitas periódicas a centros de detención de personas (incluidos hospitales siquiátricos y estaciones migratorias) para prevenir la tortura.

La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos y Sin Fronteras consideraron que este retraso refleja la falta de compromiso del gobierno en la materia y la falta de disposición para que las organizaciones civiles tengan acceso a los centros de detención pero, sobre todo, a estaciones migratorias.

El 18 de noviembre de 2002, la Asamblea General de la ONU aprobó el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros tratos o Penas Crueles, Inhumanas y Degradantes. Este protocolo establece un sistema de visitas regulares a cárceles, estaciones migratorias, instalaciones de la policía preventiva y judicial, hospitales siquiátricos, entre otros, para poder monitorear la situación en estos lugares y prevenir casos de tortura, pues es en ellos donde se registran la mayoría de los abusos.

México se comprometió a cumplir con ese precepto desde el 11 de abril de 2005. Sin embargo, fue hasta el 23 de junio de 2006 cuando ese instrumento entró en vigor en todo el mundo, por lo que se fijó un plazo de un año a todos los países para que pusieran en marcha el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, mismo que se cumplió el viernes.

Édgar Cortez, secretario técnico de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos informó que la Secretaría Técnica de la Comisión de Política Gubernamental de Gobernación le informó que el mecanismo sería dado a conocer el 20 de junio, pero la dependencia dejó vencer el plazo sin hacer un anuncio al respecto ni explicar el motivo.