Las patrulleras de la Guardia Civil surcarán un año más las aguas de Senegal para interceptar cayucos con destino a las Islas Canarias. El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y su homólogo senegalés, Ousmane Ngom, firmaron a última hora del viernes en Dakar un acuerdo que autoriza a la Agencia Europea de Fronteras (Frontex) seguir desplegada en el país africano hasta verano de 2008.
Rubalcaba visitó ayer en la dársena militar de Dakar las dos embarcaciones que el instituto armado, las patrulleras Río Cabriel y Río Ara, tiene en este país desde que en septiembre de 2006 comenzara a funcionar el dispositivo Frontex. Los responsables de la Guardia Civil explicaron que ambos navíos, que operan bajo órdenes del Ejecutivo de Dakar y con gendarmes y marinos senegaleses a bordo, han interceptado en aguas internacionales próximas a las costas senegalesas 14 cayucos en los últimos diez meses con unos 1.500 "sin papeles´ a bordo.

Además de estas dos patrulleras con sus respectivas dotaciones de 16 guardias civiles, España mantiene en Senegal un helicóptero del Cuerpo Nacional de Policía, con dos pilotos y un mecánico, para vigilar el litoral.

Estos medios españoles son los únicos de Frontex presentes en Senegal este mes, después de que italianos, portugueses y franceses hayan retirado hace unas semanas sus aviones y embarcaciones.

Junto con el operativo comunitario, el espinoso tema de las repatriaciones de indocumentados llegados a las costas canarias centró las conversaciones entre Pérez Rubalcaba y Ngom durante la I Cumbre Hispano – Senegalesa sobre Inmigración. Aunque la delegación española no quiso hacer público el número de personas devueltas ante el rechazo que estas deportaciones provocan en la opinión pública senegalesa, la cifra de este año supera los 2.000 indocumentados, la mitad de ellos llegados a Canarias.

El ministro senegalés se felicitó de que el patrullaje conjunto haya reducido en 2007 a la décima parte el número de embarcaciones llegadas a Canarias, ha pasado de 901 a 101. Ngom recordó a las autoridades españolas que las repatriaciones tienen que tener una contraprestación con ofertas de trabajo para los inmigrantes legales y que el Gobierno senegalés aspira a cerrar al menos 4.000 contratos anuales y a que Madrid no imponga cupo alguno.