Se juraron amor eterno, pero el odio fue más fuerte. Casi a diario y de modo incansable se repite lo mismo: «murió ayer cosida a puñaladas», «tenía una orden de alejamiento y seguía viviendo con su verdugo», «eran una pareja ejemplar, pero fue encontrada muerta».
La ley de Protección Integral contra la Violencia de Género, aprobada a finales de 2004, fue presentada como una medida infalible para acabar con los malos tratos. Una ley que apenas ha traspasado el papel, cargada de buenas intenciones, pero carente de efectos judiciales y procesales. Una norma sin resultados donde las medidas no tienen presupuesto, por tanto, son ineficaces en su ejecución.
Los grupos políticos la aceptaron unánimemente y las mujeres maltradas la acogieron como una tabla de salvación. Pero el goteo de muertes continúa. ¿Qué está fallando?
Apenas han transcurrido dos años y medio y ya ha comenzado a cuestionarse su validez y eficacia. El Defensor del Pueblo ha llegado a calificarla como «el reflejo de una frustración». Porque el proyecto es válido, pero los casos siguen aumentando. El propio Gobierno, a través del ministro de Asuntos Sociales, Jesús Caldera, reconoció que en la lucha contra los malos tratos hay «un eslabón que falla». Por eso, el Consejo de Ministros aprobó ayer un «parche» con 28 medidas entre las que se incluyen la convocatoria de dos conferencias sectoriales para «lograr más protección económica, más protección legal y mejor protección personalizada a las mujeres», un servicio telefónico único y permanente, campañas informativas contra los malos tratos sostenidas de manera similar a las que se hacen de seguridad vial. Además De la Vega aseguró que la ley «ha sido insuficiente».
En los meses transcurridos de 2007, el número de mujeres asesinadas a manos de sus parejas asciende ya a 37. Si lo comparamos con los casos de 2006 se han producido cuatro muertes más que en la misma fecha del año anterior.
Asomarse al profundo y oscuro pozo de la personalidad del maltratador es una aventura casi inútil. El psicólogo Bernabé Tierno se fija en la gran gran inmadurez psíquica y emocional del agresor. Lo define como una persona frustrada y sin empatía, que pide perdón y cambia rápidamente del beso al puñetazo. No soportan los éxitos de sus víctimas. Incluso algunos seguidamente se quitan la vida «como remedio para evitar la ignominia de tener que vivir con el orgullo ofendido». En 2007, de los 37 casos el agresor intentó suicidarse o lo consiguió en nueve de ellos .
El Consejo General del Poder Judicial ya ha alertado del aumento de maltratadores extranjeros. De la población española actual, 45.000.000 habitantes, 4.480.000 son extranjeros (10 por ciento). De las 37 agresiones producidas en 2007, en 17 estaban implicados inmigrantes, lo que supone un 50 por ciento de la población.
El 44 por ciento de las mujeres asesinadas en España por sus parejas desde enero pasado son inmigrantes y el índice de agresores foráneos se eleva al 5,70 por ciento por cada millón de inmigrantes frente al 1,02 de nacionales.
Y no sólo éso, las estadísticas de detenidos y puestos a disposición judicial en los juzgados de Madrid constatan la preocupante situación. El número de maltratadores extranjeros que cumplen condena en prisión por un delito de «terrorismo doméstico» es el doble que entre el de españoles. En 2006 fueron encarcelados 102 frente a los 45 nacionales, mientras que hasta abril de 2007, los que acabaron en prisión fueron 29 frente a 19 españoles. Las estadísticas también revelan otro dato llamativo, el altísimo porcentaje de maltratadores tanto nacionales como extranjeros que son puestos en liberdad después de haber prestado declaración ante el juez. Si hasta abril de este año un total de 48 cumplían condena en alguna prisión española, otros 1.116 conseguían librarse de la cárcel. El año pasado 147 fueron encarcelados mientras 3.273 quedaban en libertad, según datos del Ministerio de Trabajo a los que ha tenido acceso LA RAZÓN.
Los colectivos sociales han apuntado la falta de asignación presupuestaria como fallo de la norma. Esta ley ofrece un proyecto que va desde las medidas de sensibilización, prevención y detección en ámbitos de gran dimensión hasta el reconocimiento de derechos y tutelas que requieren una asignación económica abundante. Algo que Susana Camarero, diputada del grupo popular, considera que «brilla por su ausencia». La publicidad es tan escasa que no llega a la sociedad y mucho menos al colectivo inmigrante.
La directora de la asociación de mujeres maltratadas, Lola Aguilar, asegura que «es una buena ley que los jueces no saben aplicar», porque la hacen según su propia ideología y deberían ser imparciales. A esto, el portavoz del CGPJ considera que es un «simplismo y un reduccionismo» ya que «los jueces están intentando superar todas las trabas que ofrece esta ley».
Tampoco se han creado los juzgados necesarios que reclama la ley. Según los últimos datos, hasta junio de 2007 sólo se han creado 430 juzgados para atender a 148.292 demandas. «El sistema no es infalible. Cuando se pongan los medios, se les podrá reclamar a los jueces, pero en estos momentos hay juzgados que comparten competencias con otros y eso retrasa la ejecución de las medidas», asegura López.
Además, para Enrique López la ley «presenta una duda de inconstitucionalidad por lo que hay puntos, paralizados en su aplicación». EL CGPJ emitió un informe sobre su inconstitucionalidad, pero «el Gobierno hizo caso omiso y si el TC se pronuncia sobre esto tendrán que ser revisadas 20.000 sentencias».
Faltan policías que protejan a las víctimas ya que hay un agente por cada 30 mujeres. De las 20.000 pulseras que se dispone sólo se han entregado 8.000, y no se ha explicado a las víctimas los beneficios que proporcionaría la teleasistencia. «Hay suficientes móviles, pero no se han entregado», afirma el PP.
Cesar el río de crueldad y muerte de esta lacra que golpea casi a diario a la sociedad, continúa siendo la asignatura pendiente del Gobierno.