Se han desarticulado grupos con abogados y empresarios implicados en Euskadi

vitoria. Las vías para obtener la regularización en aquellos casos en los que parecen imposibles otras opciones son escasas, aunque bien documentadas. Además de las referidas a la compra de documentación falsa o de permisos de trabajo, SOS Racismo explica que existen otras variantes. Entre ellas, las más comunes pasarían por los matrimonios de conveniencia, variante “vigilada” con celo por los responsables de Extranjería.

En cualquier caso, los métodos b para la regularización "no se dan con la misma proporción que en otras ciudades o regiones próximas, como Bilbao y su área metropolitana. Allí, según confiesa Federico García, responsable de la citada ONG de apoyo y asistencia a inmigrantes, se han dado “denuncias masivas” que, incluso, habrían generado la detención de varios letrados y empresarios.

En cualquier caso, lo que parece seguro es que la inmigración, además de drama, es un negocio. Al menos, así lo entienden algunos individuos, que son capaces de obviar escrúpulos para hacer negocio con la necesidad de los más débiles. Tal circunstancia, la de mercadear con las miserias de los inmigrantes, se da en Vitoria de un tiempo a esta parte cada vez con mayor frecuencia.

De hecho, diferentes Organizaciones No Gubernamentales (ONG) han denunciado y comprobado in situ la creciente proliferación en la ciudad de prácticas que buscan el lucro en los problemas que afectan, especialmente, al colectivo de foráneos, como las restricciones que les impone la sociedad y el desconocimiento cultural a la hora de acceder a una vivienda digna. En ese sentido, la ley de la oferta y la demanda no entiende de sensibilidades y propicia la aparición de pisos patera , pensiones que hacen su agosto todo el año con aforos saturados de extranjeros o propietarios o inquilinos avispados que arriendan o rearriendan camas, y ya no habitaciones, a precios desorbitados. Las víctimas de este sistema inmobiliario tiznado por la ley del mercado, pagan mensualidades de entre “250 y 400 euros” por el alquiler de una cama.