El Gobierno anuncia la suspensión de su autonomía ante los alarmantes datos sobre abuso sexual a menores Los aborígenes australianos no podrán beber alcohol ni ver películas pornográficas. Éstas son algunas de las llamativas medidas del plan que John Howard, el primer ministro, pretende imponer como respuesta a un informe sobre las comunidades indígenas, publicado la pasada semana, cuyas conclusiones son alarmantes: los abusos sexuales a menores están generalizados en los asentamientos estudiados y niñas de hasta tres años de edad son violadas y prostituidas. El informe – titulado Los niños pequeños son sagrados – apunta al alcoholismo y a las bajas tasas de escolarización como causas principales.

John Howard calificó la situación de «emergencia nacional» y anunció el pasado jueves una serie de resoluciones para frenar los abusos. «Para un grupo de jóvenes australianos, el concepto de infancia nunca ha estado presente. Debemos tomar medidas excepcionales para afrontar esta tragedia», afirmó en su discurso al Parlamento, según recogió Reuters.

El Gobierno federal asumirá, durante cinco años, el control de las comunidades, que disfrutan de un estatus de amplia autonomía desde la última década.

Se impondrá la ley seca en unos 60 territorios. Todos los menores de 16 años estarán obligados a someterse a controles médicos periódicos; el Gobierno condicionará las ayudas sociales de las familias a la escolarización de sus hijos y suministrará un 50% de estos fondos en cheques para la compra de productos básicos, como víveres y el pago de la renta; la pornografía quedará prohibida para evitar que los menores tengan acceso a escenas sexualmente explícitas. Además, el sistema de permisos, que obliga a toda persona que quiera entrar en estos territorios a obtener la autorización de las autoridades locales, será suprimido.

El Ejército y la policía federal serán desplegados en estas zonas durante las próximas semanas para asegurar el cumplimiento de las medidas.

El Gobierno ya ha aplicado estas directrices al Territorio del Norte, el Estado donde fue realizado el informe y donde el Ejecutivo federal tiene potestad de arrogarse el control de los asentamientos. Sin embargo, la intención de Howard es extenderlas al conjunto de Australia y ya ha urgido al resto de Estados a colaborar en la aplicación de medidas similares.

El líder de la oposición, el laborista Kevin Rodd, apoyó el plan a pesar de las reservas de algunos diputados de su partido. Según el diario The Australian, militantes laboristas apuntaron que Rodd desea evitar ser presionado sobre el asunto ante la proximidad de las elecciones legislativas, que se celebrarán a finales de 2007.

El apoyo, sin embargo, no ha sido unánime. Ayer, Bob Brown, el líder de los Verdes, dijo que el plan le parecía «discriminatorio, racista y cínico». Por su parte, el comisionado indígena Tom Calma aseguró que, sin medidas de prevención a largo plazo, la intervención no surtirá efecto y criticó la erosión del principio de autodeterminación indígena.

Los 470.000 aborígenes australianos (un 5% de la población total) enfrentan hoy día unas condiciones paupérrimas: la esperanza de vida masculina es 20 años inferior a la de los descendientes de europeos; en las prisiones, constituyen el 20% de los reos. Muchos han alzado la voz ante lo que consideran un acto más de paternalismo racista del Estado que no les ha sido consultado.

The Indigenous Times, el diario de mayor tirada entre los aborígenes, afirmaba en su editorial de ayer que a los australianos no les gusta que les llamen racistas pero «¿qué otra palabra se debe usar si, para un indígena, Australia es más peligroso en términos de mortalidad que Irak?», se preguntaba.