Rubalcaba y Caldera viajan a Dakar con el fin de fomentar la inversión española y reforzar el control de las fronteras en el país africano Trabajo legal en vez de un peligroso viaje en cayuco; cooperación a cambio de lucha contra la inmigración irregular; ayudas económicas vinculadas a la readmisión de ilegales. El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y el de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, desembarcaron ayer en Senegal para impulsar la contratación en origen de ciudadanos senegaleses, fomentar la escasa inversión española en este país africano y reforzar el control de fronteras.

«Sabemos cómo combatir la inmigración ilegal y los datos lo demuestran. Para luchar contra ella no basta con la Policía, sino que hace falta desarrollo y trabajo legal», sacó pecho Rubalcaba en Dakar, tras reunirse con el presidente senegalés, Abdoulaye Wade. Las relaciones entre ambos países viven una auténtica luna de miel y Wade no dudó en calificar a la delegación española que viajó a Dakar como la «más fuerte de un país desarrollado que ha visitado Senegal».

El Gobierno español está muy satisfecho con la colaboración de este país africano en el combate de los flujos migratorios clandestinos que, por el momento, está dando sus frutos. Así, si en el año 2006 arribaron a Canarias 901 cayucos con 35.491 subsaharianos, hasta junio de 2007 sólo han llegado 101 embarcaciones con 4.300 sin papeles. Además, el Ejecutivo de Wade ha aceptado la repatriación de 9.000 compatriotas, una medida muy impopular en los países de origen de los inmigrantes.

El Ministerio de Trabajo quiere ahora que los empresarios españoles se fijen en los senegaleses a la hora de contratar extranjeros desde sus lugares de origen y no se limiten a traerlos desde Latinoamérica o los países del Este. Por este motivo, 30 empresarios acompañan a los ministros en el viaje, además de delegaciones de otros departamentos como los de Asuntos Exteriores, Industria y Agricultura. También se pretende que las compañías españolas inviertan allí y generen empleo local para evitar el éxodo de jóvenes hacia Europa.

Éstas dos son las fórmulas que baraja el Gobierno español para intentar evitar la salida de cayucos con destino a Canarias y lanzar el mensaje a las mafias de que sólo se puede venir a España de manera legal. Gran parte de los más de 30.000 sin papeles que llegaron el año pasado al archipiélago procedía de Senegal y, por este motivo, este país se ha convertido en un enclave estratégico en la lucha contra la inmigración irregular.

Tras la crisis de los cayucos, el Ejecutivo español desplegó una intensa actividad diplomática con el Gobierno senegalés con numerosas visitas del ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Angel Moratinos, del de Trabajo, Jesús Caldera e, incluso, del presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, en diciembre de 2006.

La Administración del país africano ha hecho los deberes y la llegada de embarcaciones a las islas Canarias se ha reducido sustancialmente a lo largo de este año. Ahora, el Ejecutivo de Abdoulaye Wade pretende que los miles de repatriados, que le acusaron de traidor, puedan volver a España con un contrato bajo el brazo. De momento, ya hay 450 seleccionados que viajarán a nuestro país para trabajar legalmente en los próximos días.

Aunque las relaciones atraviesen ahora por un buen momento, no siempre ha sido así. De hecho, la primera repatriación de senegaleses se saldó con un sonoro escándalo, que derivó en que el Gobierno de este país acusara al español de haber «maltratado y engañado» a sus compatriotas.

El ministro del Interior senegalés, Ousmane Ngom, se refirió ayer a esta crisis del año pasado, que pudo tener consecuencias muy negativas, pero alabó al Gobierno español por haber sido capaz de revertir la crisis, transformándola en una oportunidad y en un nuevo punto de partida.