USCIS dice que los que no apliquen serán no personas

El Gobierno de Estados Unidos advirtió ayer que tras la aprobación de la reforma migratoria las deportaciones aumentarán, ya que muchos de los que apliquen no van a calificar y quedarán sin oportunidades laborales.

En una mesa redonda organizada en Madrid por el Real Instituto Elcano, Emilio González, director de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) consideró que tras la reforma, el índice de deportaciones aumentará, porque los inmigrantes que permanezcan siendo ilegales no van a poder trabajar, debido al miedo de los empresarios a las sanciones que puedan sufrir.

Según el proyecto de reforma que se discute en el Senado, la sanción para los empresarios por contratar a un trabajador indocumentado sería de un máximo de $5,000 por cada trabajador sin papeles contratado si es la primera infracción, en un máximo de $10,000 por cada trabajador si se trata de la segunda vez y un máximo de $25,000 en caso de una tercera infracción.

Por ello, dijo González, el proyecto de reforma será tan benevolente que todos querrán acogerse a ella, aunque, aclara que si después de todo esto estas personas deciden seguir indocumentadas tendrán una vida muy difícil.

El proyecto de ley de reforma migratoria establece que para que un inmigrante pueda salir de la clandestinidad tendrá que pagar multas de varios miles de dólares, someterse a indagaciones de antecedentes penales, dominar el inglés, regresar a su país de origen para hacer la solicitud desde allí, demostrar sus méritos para la residencia y situarse detrás de las personas que hicieron su solicitud legalmente.

El funcionario señaló que los que no quieran ser parte de ese proceso se van a ver como una no persona. No va a poder mantener su estatus dentro de la sociedad, lo cual causaría una autodeportación porque si uno vive en un país y no tiene donde trabajar lo único que le queda es volver a su país de origen.

González espera que la reforma sea la definitiva. No queremos hacer procesos similares cada 10 años, porque el costo político, económico y social es demasiado alto.