Mil dólares (750 euros) le costará a un indocumentado obtener, si supera ciertos requisitos, una tarjeta biométrica a prueba de falsificación con la que acceder a su visado de trabajo. Si quiere optar a la ciudadanía el proceso es algo más engorroso y, además de pruebas de inglés y de educación cívica, deberá regresar a su país de origen para postular y abonar 5.000 dólares (3.700 euros). «Las personas que no acepten el proceso de regulación casi no serán vistas ni como personas. Las tasas de deportaciones subirán y no podrán trabajar y mantener su estatus en la sociedad norteamericana», explica Emilio T. González, director de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos.

Desestima que sea un precio muy alto: «Las comunidades inmigrantes generan un ingreso increíble y, según cifras entregadas por el Banco Interamericano del Desarrollo, devuelven a sus países de origen cerca de 70.000 millones de dolares (52.000 millones de euros) al año». González, cubano nacionalizado norteamericano tiene rango de subsecretario dentro del Departamento de Seguridad Nacional de la Administración Bush. Desde allí trabajó por esta reforma que ha estrechado las distancias entre republicanos y demócratas en la búsqueda de una solución para los doce millones de indocumentados que, se calcula, viven en Estados Unidos.

González explica que hace dos semanas «se retiró el proyecto de ley (del Congreso) para llegar a acuerdos. Vamos a debatir un número predeterminado de enmiendas y vamos a tener un voto en un día determinado». Burocracias y diferencias entre republicanos y demócratas aparte, Emilio T. González asegura que existe la convicción de todos los sectores de que la ley debe ver la luz este año. En el próximo, serán las elecciones y, si todo va como proyectan, los ilegales estarán entonces acercándose a las oficinas gubernamentales para pagar sus multas y conseguir papeles en regla.

La apuesta es lograr la regularización de los indocumentados – se resiste a llamarla amnistía porque asegura que no todos conseguirán un visado de trabajo – a la vez que el control sobre la inmigración ilegal. La ley contempla un reforzamiento de los controles fronterizos, un aumento en las sanciones a las empresas que contraten indocumentados y más inspectores de ‘La Migra’ en las calles.

Construyendo el muro

El costo de reforzar los controles fronterizos se estima en 4.400 millones de dólares (3.200 millones de euros). Una suma abultada que desembolsaría el Departamento del Tesoro en vistas a recuperarlo con las multas a los inmigrantes. «5.000 dólares (3.700 euros) multiplicado por doce millones de personas es un gran cantidad de dinero», calcula Emilio T. González. Descarta que vaya a usarse para terminar el cuestionado muro en las 2.000 millas que los separan de México: «El muro puede abarcar muchas cosas, es una frontera virtual, puede tener radares y otras formas de tecnología, no necesariamente ladrillos». Además, se contempla un cambio en la política de visados, donde los lazos familiares pesarían menos que el dominio del inglés.