El Consejo General de la Abogacía ha dirigido una carta a la Dirección General de la Policía en la que pide explicaciones por la muerte del nigeriano Osamuyi Akpitayi el pasado sábado en el vuelo en el que era deportado a su país. La misiva señala que «es inadmisible que una persona muera como consecuencia de la actuación de las autoridades».

El informe preliminar de la autopsia demuestra que el fallecido había sido amordazado y presentaba dos contusiones leves. La Policía justificó su intervención en la dura resistencia que opuso el inmigrante: mordió a un agente y se autolesionó varias veces golpeándose contra el techo del avión.

La Abogacía insiste en que los procesos de expulsión «deben respetar escrupulosamente, por encima de cualquier otra consideración, la dignidad y los derechos humanos de todas las personas, sea cual fuere su situación migratoria, regular o irregular», y considera que el caso presenta, «indudablemente», responsabilidades de tipo penal.

Asimismo, recuerda que el Consejo de la UE aprobó unas directrices que «plasman el contenido mínimo del respeto a los derechos humanos» en los vuelos de expulsión; entre otras, que el inmigrante «podrá ser inmovilizado por medios que no pongan en peligro su integridad física»; que «todas las medidas coercitivas deberán ser proporcionadas y no irán más allá del uso razonable de la fuerza», y que, en caso de duda, debe prevalecer el «principio de ninguna expulsión a cualquier precio».