Los alumnos inmigrantes siguen concentrándose mayoritariamente en las escuelas públicas y la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Cataluña (FAPAC) denuncia que “no se está haciendo lo suficiente para evitar que el alumnado con necesidades educativas especiales [básicamente inmigrantes] se concentre en algunas escuelas públicas”. El presidente de FAPAC, Walter García, afirmó ayer que, de no tomarse medidas, “tenderemos a una sociedad segmentada como ocurre en zonas de Francia y Estados Unidos”, convertidas en guetos donde el ascensor social, que permite la promoción profesional, ha dejado de funcionar, según algunos sociólogos.

En Cataluña, el 11% de los alumnos no universitarios son inmigrantes, tasa que se ha triplicado en ocho años. Datos del Departamento de Educación muestran que el 83% de los alumnos inmigrantes van a escuelas públicas, mientras que los centros concertados – sufragados con dinero público – sólo acogen al 17% de los extranjeros, pese a tener el 43% de las plazas en Cataluña.

La Generalitat ha empezado a tomar algunas medidas para corregir esta tendencia. Desde el curso pasado da 600 euros al año a los centros concertados por cada alumno de infantil, Primaria o con necesidades especiales, la mayoría inmigrantes, que escolaricen, y 300 euros por cada estudiante de Secundaria. Las ayudas alcanzan a 9.500 alumnos. También ha firmado contratos con 27 centros para que sean gratuitos a cambio de no cobrar cuotas por la escolarización.

Pero el presidente de FAPAC dice que no se hace lo suficiente. Pide “que se aborde el probema urgentemente” y apela a la reciente sentencia del Supremo que dice que la Administración puede distribuir a los inmigrantes.

FAPAC criticó a Educación por haber autorizado una reducción del horario de clase hasta cuatro horas en junio y afirmó que algunos institutos, que no citó, dejan de dar clases a final de mayo y que otros lo hacen al final de la primera semana de junio.